El caso Ayotzinapa volvió a tomar fuerza este lunes luego de que se difundiera información sobre restos humanos localizados en distintos puntos de Iguala, Guerrero, cuyo análisis podría aportar nuevas pistas sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Los restos se encuentran en más de 20 bolsas o “petrosas”, material endurecido que habría sido sometido a altas temperaturas. Entre los sitios relacionados con los hallazgos aparecen el basurero de Cocula, el río San Joaquín y las instalaciones de la funeraria El Ángel.
Sin embargo, hasta ahora no existe un resultado genético que confirme que los fragmentos correspondan a alguno de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Las muestras permanecen bajo análisis de laboratorio de la Fiscalía General de la República, por lo que se trata de una línea de investigación abierta y no de una identificación.
La funeraria El Ángel adquirió especial relevancia luego de ser asegurada en octubre de 2025. El inmueble, propiedad del empresario Rodolfo Rueda Mazón, alberga instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala y contaba con una concesión para prestar servicios forenses desde 2011.
Durante recorridos realizados con familiares de los estudiantes entre marzo y abril de este año se localizaron cuerpos sin identificar, prendas, indicios de combustión y una bolsa marcada con el año 2014 que permanecía sellada. También se realizaron trabajos para retirar concreto en una rampa ante la posibilidad de encontrar otros indicios.
La existencia de crematorios en Iguala no es una hipótesis nueva. Testigos protegidos ya habían señalado años atrás distintos sitios utilizados presuntamente para desaparecer cuerpos, entre ellos El Ángel. Esta versión contrasta con la llamada “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto, que sostuvo que los estudiantes fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula.
Las familias de los normalistas han cuestionado el manejo de los nuevos indicios y reclaman transparencia en la cadena de custodia. También han pedido la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense y el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, además de la apertura de archivos militares.
El caso tomó nuevo impulso después de la reunión que Sheinbaum sostuvo el 27 de agosto con madres y padres de los estudiantes. El gobierno anunció cuatro líneas de trabajo: nuevas detenciones, análisis de llamadas, revisión de hechos y actores de Iguala, así como extradiciones, incluida la de Ulises Bernabé, quien era juez de Barandilla en 2014.
A casi 12 años de la desaparición, las nuevas evidencias podrían modificar algunas líneas de investigación, pero todavía no permiten establecer qué ocurrió con los 43 estudiantes. La prioridad será determinar mediante análisis forenses si los restos corresponden a las víctimas y preservar su valor probatorio.
