La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, con 445 votos a favor, 37 en contra y sin abstenciones, la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en una sesión marcada por tensiones, acusaciones de “albazo legislativo” y severos cuestionamientos al contenido y procedimiento del dictamen.
Durante la discusión en lo general, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) colocó coronas de muerto al pie de la tribuna con la leyenda “Murió la democracia”, en señal de protesta por la forma en que se introdujeron modificaciones de última hora, en la madrugada y sin consenso de la Comisión dictaminadora.
El texto aprobado suprime el carácter civil obligatorio de las instituciones de seguridad pública y otorga al Consejo Nacional de Seguridad Pública la capacidad de retener fondos federales a entidades que incumplan acuerdos. Además, elimina la obligación de crear un padrón de usuarios de telefonía móvil, pero mantiene el acceso irrestricto a bases de datos públicas y privadas, incluso sin orden judicial.
Con 445 votos a favor y solo 36 en contra, en la @Mx_Diputados aprobamos la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Una amplia mayoría legislativa respaldó este nuevo ordenamiento jurídico que busca devolver la paz y la tranquilidad al pueblo de México. pic.twitter.com/eO4TJY1210— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 25, 2025
Una reforma que concentra atribuciones y polémicas
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública forma parte de un paquete impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Su aprobación en lo general ocurrió tras más de seis horas de debate y con críticas del PRI, que advirtió que el dictamen final se presentó con cambios sustanciales no consultados y firmados sólo por seis de los 18 integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana.
Entre los puntos más controvertidos está la eliminación del párrafo que establecía expresamente el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. Para el diputado priista César Alejandro Domínguez, esta omisión representa un aval tácito a la militarización del país. También señaló que el Consejo Nacional de Seguridad Pública tendrá la facultad de someter a las entidades federativas al suspenderles recursos federales si incumplen acuerdos.
El artículo 8 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública —aprobada en paralelo— permite a la Secretaría de Seguridad Pública solicitar a entes públicos y privados la interconexión de registros biométricos, telefónicos, fiscales, vehiculares e inmobiliarios sin necesidad de orden judicial. Esta disposición fue considerada una violación al debido proceso por legisladores de oposición.
PAN y MC avalan con reservas: “no es un cheque en blanco”
Pese a las críticas, legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano votaron a favor del dictamen. El panista César Israel Damián Retes justificó el apoyo de su bancada como un voto de confianza en favor de las familias mexicanas, pero advirtió que no se trata de un cheque en blanco y pidió resultados inmediatos.
“Después de esta reforma no hay lugar para pretextos. Si no hay resultados, o son incompetentes o están coludidos con el crimen organizado”, sentenció desde tribuna.
También reconoció aspectos positivos, como la posibilidad de bloquear señales telefónicas desde penales para impedir extorsiones. No obstante, advirtió que se mantendrán vigilantes ante posibles excesos.
Desde MC, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez celebró que la Ley retome propuestas de su bancada, como la institucionalización de las “mesas de paz” y la eliminación del padrón de líneas telefónicas. Aun así, lamentó la forma en que se desarrolló el proceso legislativo.
La también diputada emecista Claudia Ruiz Massieu denunció que se mantuvo “la concentración de información sin controles” en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, lo que abre la puerta al espionaje sin supervisión judicial.
Diputados de oposición votan en contra de la Ley de Seguridad que se discuten en San Lázaro por considerar que abre la puerta a la dictadura, a la intolerancia, generan un Estado espía y fisgón, lastima a la Federación y en términos reales dejan sin policía civil.
Además,… pic.twitter.com/yx2w4LifYt
— Irving (@IrvingPineda) June 25, 2025
“Una ley con rostro humano”: defensa de Morena
Por parte de Morena, la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, defendió el dictamen al afirmar que “no se trata de una norma administrativa, sino de un modelo de seguridad con rostro humano, técnico y ético”.
Subrayó que el reconocimiento formal de la Guardia Nacional como parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública es una medida que articula la estrategia nacional de seguridad, y desmintió que el objetivo sea espiar a la población.
En el mismo tono, su compañera de bancada, Julia Arcelia Olguín Serna, aseguró que la posibilidad de acceder a información de usuarios de telecomunicaciones tiene como único propósito cerrar el paso a la delincuencia. “Aquí no estamos criminalizando a nadie, estamos fortaleciendo herramientas para combatir la impunidad”, puntualizó. Según su lectura, la ley promueve una distribución más clara de responsabilidades entre federación, estados y municipios.
Cambios de madrugada, cuestiona Moreira
Uno de los focos de crítica más persistentes fue la forma en que el dictamen final se introdujo al pleno. De acuerdo con el PRI, la madrugada del miércoles se incorporó una adenda firmada por sólo seis de los 18 integrantes de la Comisión de Seguridad Ciudadana, con 17 nuevos artículos en un dictamen y 30 en otro, sin consulta ni tiempo suficiente para su análisis.
Rubén Moreira, coordinador priista en San Lázaro, expresó que se trata de un atropello legislativo: “No se puede reflexionar sobre 484 páginas en unas horas. Es grave que eliminen el carácter civil de la seguridad pública en un texto que llegó en la madrugada”.
Desde su curul, Moreira leyó un tuit del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, fechado el 1 de mayo de 2010, en el que advertía sobre “la tentación al militarismo”. “Hoy están haciendo justo lo que él rechazaba”, dijo.
Los cambios con la nueva Ley
A pesar del entorno polémico, la nueva Ley General del SNSP introduce elementos relevantes: impone la coordinación obligatoria de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad; establece estándares mínimos de profesionalización de las corporaciones; y faculta a la Auditoría Superior de la Federación a revisar cómo se ejercen los recursos federales destinados a este rubro.
También se institucionaliza el papel de las llamadas “mesas de construcción de paz”, un mecanismo interinstitucional impulsado en los últimos años por la administración federal, que ahora será reconocido como parte del andamiaje formal del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para los grupos de oposición, especialmente el PRI, la reforma representa una regresión en materia de garantías y federalismo. Advirtieron que, al dar al Consejo Nacional de Seguridad Pública la facultad de suspender fondos, se pone en jaque la autonomía de estados y municipios, y se viola el pacto fiscal. Más aún, consideran que esta arquitectura legal abre la puerta a un Estado centralista y vigilante, capaz de fisgonear sin controles ni contrapesos.
Desde Morena y aliados, en cambio, se presentó la nueva Ley como un intento de articular las capacidades estatales frente a una delincuencia que aprovecha vacíos legales, anonimato y fragmentación institucional. La eliminación del padrón de usuarios de telefonía móvil fue exhibida como prueba de sensibilidad política ante críticas de espionaje masivo, aunque el acceso a información privada sin orden judicial sigue intacto.
La minuta aprobada será turnada al Senado para su análisis y votación. Allí también se prevé una discusión intensa. Legisladores del PRI anticiparon que podrían impugnar el proceso legislativo ante la Suprema Corte de Justicia, bajo el argumento de que se violaron principios del procedimiento parlamentario.
Mientras tanto, diversas organizaciones civiles y especialistas en derechos digitales han advertido que las facultades de vigilancia sin orden judicial violan el marco constitucional. Para algunos, la aprobación de estas reformas representa el inicio de un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad, derechos y vigilancia en México.
