El gobernador Alejandro Armenta Mierlanzó un fuerte señalamiento contra exalcaldes de Puebla que han enfrentado procesos legales: aseguró que el 90 por ciento de los presidentes municipales detenidos y separados de sus cargos tenían constructoras y se beneficiaban de las obras ejecutadas durante sus propias administraciones.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario poblano sostuvo que este esquema permitía que los funcionarios no solamente controlaran la asignación de las obras públicas, sino que también obtuvieran las utilidades generadas por los proyectos.

“Resulta que, de los alcaldes que se han tenido que separar del cargo, el 90% son alcaldes constructores, es decir, tienen constructoras. Entonces ya no es calle-moche o calle-milpa, sino que toda la utilidad es de ellos”, declaró.

Armenta no reveló los nombres de los exalcaldes a los que hizo referencia ni detalló cuáles serían las empresas presuntamente relacionadas con ellos. Sin embargo, vinculó estas prácticas con un modelo de ejecución de obra pública que, afirmó, su administración busca erradicar mediante el uso de maquinaria propiedad del Gobierno del Estado.

Armenta presume reducción de costos con maquinaria estatal

El gobernador afirmó que contar con equipos propios ha permitido realizar proyectos a costos considerablemente menores y aumentar el número de vialidades atendidas.

Como ejemplo, recordó que una administración anterior del municipio de Puebla planteó la intervención de mil calles durante tres años, mientras que el Gobierno estatal reportó haber rehabilitado el equivalente a 5 mil calles durante un programa piloto.

La administración estatal tiene ahora como objetivo intervenir el equivalente a 28 mil calles, de las cuales 13 mil corresponden a la zona metropolitana y 15 mil a carreteras y vialidades que conectan municipios.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que para 2026 se contempla intervenir 100 vialidades equivalentes a 412 kilómetros en 31 municipios, mediante 13 trenes de pavimentación y maquinaria estatal.

También lanza reclamo por permisos del Cablebús

En la misma intervención, Armenta reveló que el proyecto del Cablebús de Puebla tardó alrededor de nueve meses en obtener los permisos municipales necesarios para avanzar.

“Se tardaron casi nueve meses en darnos los permisos, vamos avanzando, nosotros vemos lo positivo, apoyamos a los Ayuntamientos”, expresó.

Pese al señalamiento, aseguró que mantendrá la coordinación con el gobierno de la capital poblana y recordó que la pavimentación de calles corresponde principalmente a los municipios, aunque el estado ha intervenido para respaldarlos.

El pronunciamiento de Armenta coloca nuevamente bajo discusión la relación entre funcionarios municipales, constructoras y contratos de obra pública, particularmente en aquellos ayuntamientos cuyos alcaldes terminaron detenidos o separados del cargo.

Sin señalar directamente a algún exedil, el gobernador dejó sobre la mesa una acusación política relevante: que detrás de buena parte de los alcaldes que enfrentaron problemas con la justicia también existía un modelo en el que gobernaban sus municipios mientras mantenían intereses económicos relacionados con la construcción y la obra pública.