El gobernador Alejandro Armenta Mier lanzó una advertencia que pondrá a temblar a más de un alcalde y expresidente municipal: “Yo no le voy a hablar a un auditor para pedirle un favor”.
Así pues, el mandatario dejó en claro que su gobierno no será cómplice ni intermediario en gestiones opacas, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) emitió recientemente una convocatoria dirigida a quienes arrastran pendientes en la comprobación de recursos desde 2018 a la fecha.
“Yo sé de muchos casos que pasaron donde seguramente tuvieron problemas y buscan al gobernador para que le hable al auditor. Yo no le voy a hablar a un auditor para pedirle un favor, mi obligación como Ejecutivo del Estado es que los recursos se transparenten, se comprueben, se concilien. El llamado a los presidentes o expresidentes es que dediquen tiempo a comprobar”.
El mandatario estatal insistió en que el llamado no tiene tintes políticos, sino que busca evitar que los exfuncionarios incurran en faltas administrativas graves por omisión, toda vez que señaló, hay casos de exalcaldes que al dejar el cargo consideran que las observaciones quedarán resueltas automáticamente, lo cual advirtió, es un error.
“El ejercicio de los recursos públicos es importante, terminan el cargo y creen que solitos se van a resolver las observaciones de la Auditoría Superior del Estado y es un error, el presidente, el tesorero, secretarios y directores tienen que estar pendiente solventando, una y otra vez”.
También hizo un llamado a la Auditoría para que notifique de manera directa a los exediles y no solo a los Ayuntamientos en funciones, a fin de evitar que no se argumente el desconocimiento de los procedimientos.
Este pronunciamiento se sumó a un exhortó adicional a los gobiernos municipales en turno, a fin de garantizar los servicios públicos fundamentales como agua potable, recolección de basura, drenaje y mantenimiento de calles. Dijo que su gobierno está dispuesto a brindar apoyo a los municipios que lo soliciten, pero aclaró que no suplirá las funciones que son responsabilidad directa de las autoridades municipales.
Recordó que muchos municipios fueron entregados en malas condiciones, con abandono en calles, jardines y vialidades. Por ello, señaló, el gobierno estatal ha tenido que invertir recursos para atender lo que no se hizo en administraciones pasadas.
Alcaldes a la picota
El llamado a aclarar las Cuentas Públicas, tendría como remitente en primer lugar de la lista al exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez, quien enfrenta observaciones y sospechas de daño patrimonial por más de mil millones de pesos, seguido por el exedil de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, a quien la Auditoría Superior del Estado encontró anomalías en el manejo de 596 millones de pesos, lo que equivale al 32.25 por ciento del presupuesto total aprobado en dos años.
A esto se suma que la ASE ya inició la revisión de los proyectos realizados por el gobierno interino de Adán Domínguez en la capital poblana, incluyendo los trabajos de rehabilitación en Avenida Juárez, y no descartaron una auditoría forense si el Congreso local así lo solicita, luego de que la obra presentó los primeros desperfectos.
Francisco Teomitzi, encargado del despacho de la ASE, confirmó recientemente que desde mediados de julio el Ayuntamiento de Puebla entregó la documentación correspondiente a la Cuenta Pública 2024, que actualmente se encuentra en proceso de fiscalización.
El funcionario explicó que, en caso de que los diputados pidan una revisión a fondo de alguna obra en específico, como lo planteó la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García, esa solicitud se integraría al proceso ordinario de revisión.
En el caso de Eduardo Rivera Pérez, la Auditoría Superior del Estado detectó que, de 2022 a 2023, las irregularidades en el manejo de recursos públicos casi se triplicaron, al pasar de 423 millones a más de mil 148 millones de pesos sin justificar.
El informe más reciente de la ASE no solo mostró un aumento del 171 por ciento en observaciones, sino también una continuidad en prácticas poco transparentes. El patrón se repitió: contratos sin licitación, adjudicaciones directas a proveedores ya señalados, ausencia de documentación técnica, entregables inexistentes y comprobantes que brillaron por su ausencia.
De la cifra observada en 2023, más de 261 millones corresponden a posible daño patrimonial, mientras que otros 738 millones fueron clasificados como recursos sin comprobar adecuadamente, lo que confirmó las múltiples denuncias sobre el uso discrecional del presupuesto durante el segundo año de gestión del panista.
Uno de los sectores más comprometidos fue el de comunicación social. Más del 38 por ciento del presunto daño al erario provino de contratos de difusión de imagen, justo cuando Rivera buscaba posicionarse políticamente rumbo a la gubernatura. Entre los 67 convenios analizados, se detectaron irregularidades por más de 101 millones de pesos y en muchos casos no se hallaron pruebas de que los servicios fueran ejecutados.
Una de las empresas más cuestionadas fue Remedios Producciones, que acumuló observaciones tanto por daño patrimonial como por montos no aclarados. Esta firma ya había sido señalada en 2022 por inconsistencias similares, pero en 2023 volvió a aparecer con más de 31 millones de pesos en contratos dudosos.
Otro proveedor recurrente fue Arky Joman, responsable del mantenimiento de áreas verdes y fuentes, con anomalías que sumaron 28 millones de pesos por falta de soporte técnico.
También figuraron empresas como PSV Sistemas, con más de 41 millones observados en contratos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y convenios con instituciones como la Universidad Autónoma de Chapingo, donde se detectaron pagos por 23.4 millones sin evidencias del cumplimiento de objetivos.
Además, el programa de microcréditos “Contigo”, destinado a apoyar a pequeños negocios, terminó generando un presunto quebranto de casi 27 millones de pesos, debido a expedientes incompletos o beneficiarios que no cumplían con los requisitos establecidos.
El reporte incluyó también 24 obras públicas asignadas a distintas constructoras con irregularidades por más de 445 millones, así como un contrato con Total Play, proveedor del sistema de videovigilancia, con 87 millones de pesos observados por inconsistencias.
Los mismos pasos siguió su compañero de partido y exalcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, quien durante los dos primeros años de gestión acumuló más de 596 millones de pesos observados, lo que representó casi un tercio del presupuesto total que el Cabildo le autorizó ejercer entre 2022 y 2023.
Según los informes, el ejercicio fiscal 2022 cerró con observaciones por 230.7 millones de pesos, equivalentes al 26.7 por ciento del presupuesto aprobado para ese año. En 2023, la situación empeoró: el daño patrimonial estimado fue de 365.8 millones de pesos, cifra que representa el 37.8 por ciento del gasto autorizado. En total, uno de cada tres pesos manejados por el Ayuntamiento terminó bajo observación.
A la par de los montos, también creció el número de anomalías: mientras en 2022 se detectaron 10 irregularidades, en 2023 la cifra escaló a 82. La constante fue la falta de documentos, desorganización administrativa y ausencia de controles internos. De hecho, el propio Órgano Interno de Control del Ayuntamiento reconoció que muchas de las fallas no fueron revisadas en su muestra.
Entre las irregularidades más graves destacó el uso de recursos sin comprobación en servicios generales, subsidios, ayudas sociales y materiales diversos. En 2022, solo en esos rubros se concentraron más de 200 millones de pesos en posibles desvíos, al no presentar pólizas contables, facturas ni evidencia de entrega.
El caso más emblemático de 2023 fue la contratación de la empresa BDTC Consultores para brindar servicios de asesoría psicológica y atención a mujeres en situación de violencia. Aunque se entregó un paquete de documentos justificativos, la ASE únicamente validó 698 mil pesos de los más de 38 millones observados y el resto quedó sin comprobar por falta de dictámenes de excepción a licitación, ausencia de avisos a la Contraloría y carencia de pruebas de que los servicios se realizaron.
También se detectaron irregularidades en la licitación de combustibles, donde más de 62 pólizas contables carecieron de sustento documental y a pesar de una prórroga concedida para solventar los hallazgos, la administración panista cholulteca apenas respondió con un oficio sin anexar evidencia probatoria.
Otros rubros con posibles daños al erario incluyeron contrataciones en difusión gubernamental, vehículos, apoyos sociales y actividades culturales, que en conjunto sumaron más de 75 millones de pesos sin justificación.
Mas alcaldes en riesgo
Otros exalcaldes que tendrán que aclarar observaciones son Paola Angón de San Pedro Cholula, a quien la ASE le detectó irregularidades por más de 103 millones de pesos durante el ejercicio 2023.
Las inconsistencias de la panista se concentraron en contrataciones sin comprobantes adecuados, transferencias ambiguas a proveedores y falta de criterios aprobados por Cabildo para asignaciones de programas sociales. Prácticamente la mitad del presupuesto auditado, es decir, 48.1 por ciento, permaneció sin justificar plenamente.
En Huejotzingo, durante la gestión de Angélica Alvarado, la Cuenta Pública del municipio mostró observaciones por 37.1 millones de pesos durante 2023, con señalamientos que incluyeron compras sin licitación, adjudicaciones injustificadas y faltantes en registros de pago.
Además, en Cuautlancingo, en el ultimo año de administración del exalcalde Filomeno Sarmiento Torres, del PAN, la ASE detectó irregularidades por alrededor de 145 millones de pesos en la Cuenta Pública del municipio en 2023.
Mas de 16 mil observaciones en Puebla
Cabe recredar que el pasado 30 de abril, la ASE presentó un reporte al Congreso del Estado en el que anunciaron la detección de casi 16 mil observaciones durante la revisión de Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2023 en Puebla, derivadas de auditorías a 325 entes fiscalizables, entre ellos Ayuntamientos, poderes del estado, organismos autónomos y entidades paraestatales.
Lo mas preocupante es que, según explicó el encargado de despacho, Francisco Teomitzi Sánchez, hasta ese momento más de la mitad de estas observaciones seguían sin solventarse.
De las 15 mil 942 irregularidades señaladas, 5 mil 224 corresponden a auditorías financieras –que revisaron ingresos, egresos y ejecución de obra–, y 10 mil 718 fueron producto de auditorías de desempeño para evaluar la efectividad de planes y programas.
En el caso de las observaciones financieras, solo se aclararon 2 mil 394, mientras que 2 mil 830 seguían pendientes y la mayoría involucraba a gobiernos municipales.
La ASE también encontró que gran parte de las inconsistencias en el desempeño público (8 mil 958 observaciones) no habían sido justificadas aún, siendo nuevamente los municipios quienes concentran el mayor número de señalamientos.
Francisco Teomitzi apuntó que los entes observados cuentan con un periodo máximo de 30 días hábiles para solventar las observaciones, aunque antes de eso, la Auditoría debe notificar oficialmente a cada instancia. En caso de no aclarar las irregularidades, estas pasarán a una fase jurídica en la que podrían derivar en sanciones administrativas o incluso penales.
