El convenio modificatorio de la empresa Agua de Puebla que se hizo con el gobierno de Alejandro Armenta, contempla ya multas de hasta 25 millones de pesos anuales que se aplicarán a partir del 31 de diciembre, informó el director del Soapap, Gustavo Gaytán Alcaraz.
En entrevista, reconoció que el título original y el segundo modificatorio no contenían una sanción económica, solo amonestaciones, pero el gobernador Alejandro Armenta pidió “contundentemente” que ya hubiera sanciones económicas.
Gaytán explicó que, por instrucción del gobernador Alejandro Armenta, se establecieron criterios claros para aplicar sanciones según los niveles de cumplimiento y atención a los usuarios, es decir, se establecieron parámetros mínimos y máximos de cumplimiento, dependiendo de la falta puede ir de 50 mil pesos a 25 millones de pesos.
Las faltas consideradas incluyen incumplir con el abasto mínimo de cuatro días por semana, no instalar medidores o incurrir en maltrato hacia los consumidores. Las evaluaciones se realizarán a partir del 31 de diciembre de este año y las sanciones comenzarán a aplicarse entre febrero y marzo de 2026.
“No es lo mismo que no alcancen los cuatro días a que no cuenten con los medidores, cada sanción va a tener diferentes parámetros de sanción, son 34, siete de estos tiene que ver con el mal trato a usuarios o no responsan una queja dentro del plazo que se establece de 10 días”, detalló.
El director del organismo reconoció que a casi 12 años de la concesión, dichas sanciones económicas llegan tarde ya que no estaban pactadas al inicio del contrato, sin embargo reconoció que es un logro de la administración actual que la concesionaria haya aceptado estas sanciones.
Otra de las modificaciones, comentó, fue que si la empresa alcanza ingresos totales arriba de mil 450 millones de pesos al año, sube el pago de la contraprestación periódica, es decir, actualmente es del 5% y sería escalonada del 6.5 al 10 por ciento.
Además, que se estableció que el 80% de los ingresos por saneamiento de los municipios formen parte del patrimonio del Soapap para pagar las multas.
También se estableció la obligación del concesionario de invertir el 3% de sus ingresos en la sustitución de tuberías obsoletas.
“Tenemos que terminar con las fugas (…), todo lo que se pueda estimar por especialistas de cuánta agua se pierde, mientras no se tenga determinada la sectorización que son inversiones de 600 milones de pesos, es dificil acreditar con ciencia si se está cumpliendo o no con las pérdidas físicas”, dijo.
El tercer convenio modificatorio firmado hace unos meses por el Soapap con la empresa Concesiones Integrales estableció ajustes en la comprobación de los niveles de desempeño y servicio.
Es decir, el Concesionario deberá considerar metas viables por colonia, debiendo presentar una justificación y programa de instalación de micromedidores para alcanzar las metas propuestas.
Entre los estándares de desempeño se establece la continuidad en el servicio, el suministro del servicio mínimo de cuatro días a la semana, la dotación, eficiencia física del sistema de agua potable y la presión de agua en la red.
Además, dejó claro que si no cumple con los estándares de desempeño, Soapap, calificará los incumplimientos como: “Advertencia”, “Falta leve” o “Falta grave”. Cada calificación dependerá del estándar de desempeño.
Por ejemplo, en cuanto a la reparación de fugas, si la empresa incumple recibirá una sanción de “advertencia”. Esta consiste en 60 días del salario mínimo vigente en el Estado de Puebla.
Agua de Puebla deberá solucionarlo en un plazo de 90 días, pero si no lo cumple, Soapap podrá imponer una sanción de hasta 240 días de salario mínimo, es decir, aproximadamente hasta 66 mil 900 pesos.
Por reincidencia, en falta de reparación de fugas, Agua de Puebla será acreedora a otra calificación de “Falta Leve”.
Soapap aplicará sanciones graves por incumplimiento en transparencia y calidad en el agua suministrada. Estas sanciones serán determinadas por el Comité de Expertos.
También señala que en el caso de que Agua de Puebla reciba tres calificaciones graves en un mismo estándar de desempeño, en un periodo de cinco años, Soapap podrá remover el título de concesión.
Alejandro Armenta descartó, por el momento, revocar la concesión a la empresa, pues hacerlo costaría 10 mil millones de pesos y emprender un litigio que tardaría “mucho tiempo”. En cambio, dijo que buscaría un acuerdo en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Poder Judicial y la Consejería Jurídica para garantizar el cumplimiento de la inversión de la empresa.
Según el gobernador, en la pasada administración, Agua de Puebla tenía vínculos directos con la Suprema Corte de Justicia, lo que evitó que existieran procesos en contra de la concesionaria y no invirtiera “en lo que tenía que invertir”.
La concesión se otorgó en diciembre de 2013, por parte del gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, en el contrato se estableció que la empresa empezó con la operación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Puebla por un periodo de 30 años, es decir, hasta 2043.
