Tuvieron que pasar tres días desde la detención de Antonio Hernández Pacheco para que la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo, fijara públicamente una postura sobre quien hasta entonces encabezaba una de las áreas más delicadas de su gobierno: la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La alcaldesa apareció finalmente mediante un mensaje en video para marcar distancia de su ahora exfuncionario, anunciar su destitución y asegurar que su administración colaborará con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
El problema para el Ayuntamiento no es menor. Hernández Pacheco no era un funcionario secundario: tenía bajo su responsabilidad la seguridad de Atlixco y ahora enfrenta acusaciones por abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.
Del “presunto asalto” a una orden de aprehensión
La captura ocurrió el pasado 14 de agosto en la Vía Atlixcáyotl. En un primer momento, desde el ámbito municipal se relacionó la movilización con la atención de un supuesto asalto; horas después se confirmó que agentes investigadores habían ejecutado una orden de aprehensión contra el entonces secretario.
Posteriormente, un juez de control le impuso prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal.
El episodio abrió cuestionamientos sobre el control interno y los filtros dentro de la administración municipal, mientras la respuesta política de Ariadna Ayala llegó hasta tres días después.
Ariadna Ayala cambia de mando
En medio de la crisis, la presidenta municipal designó a Juan Manuel Bravo Baxil como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y sostuvo que el movimiento se realizó conforme a la estructura de la dependencia.
Ayala también rechazó que detrás de la captura exista una motivación política y aseguró que su gobierno permitirá que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes.
Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier ha sostenido que no habrá impunidad ni protección para servidores públicos señalados por posibles conductas ilícitas.
Ahora, además del proceso contra Antonio Hernández Pacheco, la administración de Ariadna Ayala enfrenta el costo político de explicar cómo uno de los principales responsables de garantizar la seguridad en Atlixco terminó detenido y bajo proceso penal.
