La administración del presidente Donald Trump anunció este 12 de febrero de 2026 la conclusión de la denominada Operación Metro Surge, un despliegue federal iniciado en diciembre pasado en el estado de Minnesota que estuvo marcado por miles de detenciones, protestas ciudadanas y la muerte de dos civiles.
El encargado de la política fronteriza de la Casa Blanca, Tom Homan, informó que tras 72 días de operación se logró “detener amenazas a la seguridad pública” y fortalecer la coordinación con autoridades locales, lo que llevó al mandatario a respaldar el cierre del operativo.
De acuerdo con cifras oficiales, en el despliegue participaron alrededor de 3 mil agentes federales y se realizaron más de 4 mil arrestos en ciudades como Mineápolis y Saint Paul. Las autoridades federales sostuvieron que el objetivo fue combatir la criminalidad y reforzar la aplicación de leyes migratorias y de seguridad.
Sin embargo, la operación generó fuertes críticas por parte de autoridades estatales y municipales de Minnesota, quienes denunciaron detenciones arbitrarias, presuntas violaciones a derechos civiles y un impacto negativo en la vida cotidiana de las comunidades intervenidas.
El operativo también se vio empañado por la muerte de dos civiles, Renée Good y Alex Pretti, durante confrontaciones con agentes federales, hechos que desataron manifestaciones y exigencias de rendición de cuentas. Tras esos acontecimientos, se reportó el relevo de algunos mandos responsables del despliegue.
Aunque Homan calificó la estrategia como un “éxito” y afirmó que Minnesota es ahora “menos un estado santuario para delincuentes”, el anuncio no implica un retiro inmediato total: más de 2 mil agentes permanecen en el estado para completar labores de repliegue y transferencia de funciones a autoridades locales.
Por su parte, el gobernador Tim Walz celebró la conclusión del operativo y subrayó la necesidad de reconstruir la confianza entre el gobierno y la comunidad tras meses de tensión. En contraste, organizaciones de derechos civiles han advertido que mantendrán la presión para esclarecer las muertes y determinar posibles responsabilidades por los excesos denunciados durante la operación.
