El Congreso de Puebla comenzará el próximo 10 de septiembre las audiencias relacionadas con el procedimiento de revocación de mandato del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio, proceso que lleva más de dos meses sin una resolución y que podría alcanzar no solo a la presidenta municipal, sino a todo el cabildo.
Julio Huerta Gómez, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso local, confirmó la fecha para el desahogo de las audiencias, luego de que el pasado 3 de septiembre los integrantes de la comisión aprobaran por unanimidad citar a los funcionarios municipales involucrados.
La lista incluye a la presidenta municipal de Morena, Guadalupe Lucero Bárcenas; regidoras y regidores, así como al síndico David Fernando Chico Rascón.
El procedimiento quedó registrado en el expediente CGPC/HCE/01/2026, también identificado como 001/2026, y la Comisión de Gobernación prevé concluir el proceso antes del 12 o 13 de septiembre.
El conflicto comenzó el 8 de junio, cuando el propio cabildo, con ocho votos, solicitó al Congreso la revocación de mandato de Bárcenas. Entre los señalamientos se encontraba una acusación de opacidad y diferencias en las percepciones salariales.
La regidora Juliana Jiménez afirmó que la alcaldesa tendría ingresos hasta 400 por ciento superiores a los de otros integrantes del Ayuntamiento, con una diferencia aproximada de 60 mil pesos.
La solicitud llegó formalmente al Congreso el 19 de junio y, hacia finales de ese mes, la Auditoría Superior realizó una revisión. Bárcenas se separó temporalmente del cargo el 29 de junio, mientras se realizaron movilizaciones como la denominada “Marcha de la Dignidad”, en la que se exigió su salida.
La presidenta municipal ha sostenido que el conflicto en su contra es impulsado por el crimen organizado. Mientras tanto, la situación política derivó en la paralización de actividades del Ayuntamiento y en julio incluso se suspendió una sesión ordinaria debido a una disputa sobre quién tenía facultades para convocarla.
El 7 de agosto, durante una movilización, se registraron disparos que de manera preliminar fueron atribuidos a personal de confianza de la alcaldesa. Ante el contexto de inseguridad, la vigilancia del municipio quedó prácticamente bajo responsabilidad de la Marina y de operativos coordinados con autoridades de otros estados.
Huerta ha insistido en que el procedimiento no está dirigido automáticamente contra la presidenta municipal y que, si las investigaciones encuentran responsabilidades en otros integrantes del cabildo, también podrían enfrentar consecuencias.
Por ello, la audiencia del 10 de septiembre no representa todavía la destitución de la alcaldesa. Se trata del desahogo formal en el que los funcionarios tendrán derecho a presentar pruebas y defenderse antes de que el Congreso determine lo conducente.
