Colectivos feministas señalaron que aún existen deficiencias en los centros de salud para atender a mujeres que buscan interrumpir su embarazo, sobre todo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).
A un año de la despenalización, para permitir la interrupción del embarazo hasta las 12.5 semanas de gestación, integrantes de organizaciones que acompañan a mujeres en procesos de aborto señalaron que aún persiste la criminalización, principalmente por desinformación y ausencia de una estrategia clara de difusión sobre el alcance legal de la reforma.
En conferencia de prensa, las colectivas feministas que forman parte de la campaña “Aborto Legal” refirieron que, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, entre julio de 2024 y junio de este año, 388 mujeres han ejercido este derecho, de los cuales 17 casos fueron por violencia sexual.
Del total de procedimientos, 90 por ciento fueron atendidos en el Hospital de la Mujer, por lo que también pidieron descentralizar los servicios en el estado.
Reconocieron que, si bien la despenalización representa un avance en la Legislación, son necesarias nuevas reformas, particularmente a la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de que se derogue completamente el delito, pues debe tratarse como un tema de salud pública y no como un asunto penal.
“También queremos brindar certeza jurídica a los médicos y médicas que realizan la interrupción del embarazo”, expresó Cinthya Ramírez del colectivo Redefine.
Hoy hace un año, Puebla legalizó PARCIALMENTE el aborto hasta la semana 12.6 💚
Esto es un logro para las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar en Puebla ya que, en teoría, ya no pueden ser criminalizadas por abortar dentro de ese plazo. #AbortoLegalPuebla #Puebla pic.twitter.com/9vbRvE1qnX
— AbortistasMx💚 (@AbortistasMx) July 15, 2025
La activista destacó que también es importante que las autoridades puedan definir y desagregar la información, pues actualmente no se tienen datos oficiales respecto a quienes están accediendo a la interrupción legal del embarazo.
De las personas que están accediendo al aborto seguro, quienes son por voluntad, quienes por casos de abuso sexual, también de qué municipios o colonias, si son personas con alguna discapacidad o de origen indígena.
“Todavía seguimos en los diálogos y también para el fortalecimiento de los protocolos de atención a personas con discapacidad y personas que hablan alguna lengua indígena”.
Comentó que las principales barreras en estas instituciones, sobre todo en el desabasto de medicamentos, pues de acuerdo con el protocolo con medicamentos que dicta la OMS, es con el uso de misoprostol y otro con misoprostol y mifepristona, los cuales se venden con receta, pero en ocasiones solo les dan una de estas dos y buscan a los colectivos para completar el medicamento.
Otras de las principales quejas se encuentran en instituciones actos de atención insensible o desinformado, así como la falta de personal capacitado.
En ese sentido, urgieron a implementar procesos de capacitación para personal médico y administrativo en los distintos niveles de atención.
“Los médicos siguen criminalizando a las mujeres sobre su decisión y son pasos firmes en la sensibilización con el personal de salud para que estas situaciones no se sigan dando”.
En municipios del interior del estado, las organizaciones detectaron también que la falta de medicamentos en hospitales impide el acceso completo al aborto legal, lo que consideran una barrera adicional.
Hoy hace un año, Puebla legalizó PARCIALMENTE el aborto hasta la semana 12.6 💚
Esto es un logro para las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar en Puebla ya que, en teoría, ya no pueden ser criminalizadas por abortar dentro de ese plazo. #AbortoLegalPuebla #Puebla pic.twitter.com/9vbRvE1qnX
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Las organizaciones han buscado diálogo con las autoridades estatales, así como con la presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez para poder seguir participando en las capacitaciones al personal al salud, para fortalecer la política pública y que los derechos sexuales y reproductivos sean una realidad.
En tanto, Movimiento Ciudadano (MC) impulsará reformas a la Ley de Salud para garantizar el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo en hospitales públicos y privados de Puebla.
La diputada local y dirigente estatal de MC, Fedrha Suriano Corrales, adelantó que ya trabaja en la iniciativa que presentará a partir del 15 de septiembre, una vez que inicie el nuevo periodo legislativo.
En entrevista, reconoció que aún hay pendientes con las mujeres poblanas, ya que todavía no se legisla en materia de salud para regular la interrupción del embarazo en el estado.
Reconoció que la pasada Legislatura dio un gran paso hace un año al eliminar las sanciones por el delito de aborto del Código Penal, hasta las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, Suriano Corrales remarcó que es necesario ampliar el espectro jurídico a la Ley de Salud, para regular también el servicio que brindan clínicas privadas.
Coincidió que resulta importante brindarle certeza legal a los médicos y personal de salud que practiquen los procedimientos quirúrgicos.
La diputada afirmó que el tema forma parte de la agenda progresiva que abandera MC a nivel local y federal, por lo que también entablarán diálogo con colectivas feministas.
