La crisis financiera de Ueno Bank provocó un terremoto político en Paraguay. Este 6 de noviembre de 2026, el Senado destituyó al presidente Santiago Peña mediante un juicio político y, horas después, fue puesto bajo detención domiciliaria por una investigación relacionada con el colapso de la institución bancaria.
El conflicto comenzó tras la intervención y resolución de Ueno Bank, entidad digital que contaba con aproximadamente tres millones de clientes, cerca de la mitad de la población paraguaya. La decisión del Banco Central respondió a graves problemas de solvencia y dejó congelados los depósitos de millones de usuarios, además de recursos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS).
Peña quedó en el centro de los señalamientos debido a sus antiguos vínculos empresariales con Ueno Holding y el Grupo Vázquez, de los que fue accionista hasta 2025. Las acusaciones apuntaron a posibles conflictos de interés, manipulación regulatoria y presuntas irregularidades en el manejo de fondos jubilatorios.
El 5 de noviembre, el mandatario presentó su renuncia; sin embargo, el Congreso no logró aceptarla formalmente por falta de quórum. En su lugar, avanzó el juicio político para retirarle el cargo y evitar que conservara las prerrogativas previstas para un expresidente.
Este viernes, el Senado lo declaró culpable de mal desempeño de sus funciones con 44 votos a favor y una ausencia. Con ello, Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente en ser destituido mediante este procedimiento, después de Fernando Lugo, en 2012.
Tras la resolución, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia y deberá concluir el mandato hasta agosto de 2028. Entre sus primeros compromisos anunció que los afectados por la crisis bancaria recibirán una compensación plena.
En el ámbito judicial, la Fiscalía ordenó la detención de Peña y del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, por presuntos delitos de lesión de confianza y otros relacionados con el caso. El exmandatario permanece bajo arresto domiciliario en Asunción y deberá comparecer ante el Ministerio Público.
Mientras tanto, las protestas por los ahorros congelados continúan en Asunción y otras ciudades. El Congreso también aprobó una ley de emergencia para adelantar pagos parciales del Fondo de Garantía de Depósitos, aunque la situación de los afectados y las investigaciones siguen abiertas.
