El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo este jueves una contradicción de criterios para determinar si la Auditoría Superior de la Federación puede promover juicios de amparo contra resoluciones penales relacionadas con posibles desvíos de recursos públicos.
Por unanimidad, las ministras y ministros aprobaron la Solicitud de Ejercicio de Facultad de Atracción 980/2026, con la que la Corte asumirá el estudio de la contradicción de criterios 61/2026.
El debate jurídico gira en torno a si la ASF tiene legitimación para impugnar mediante amparo decisiones judiciales que desechen o cierren procesos derivados de investigaciones realizadas por el órgano fiscalizador, aun cuando dichas resoluciones no representen una afectación directa a su patrimonio.
La controversia surgió porque distintos tribunales federales han sostenido criterios diferentes sobre la intervención de la ASF en este tipo de procedimientos.
El caso tiene relación con expedientes vinculados con la llamada Estafa Maestra, esquema mediante el cual dependencias federales canalizaron recursos públicos a través de universidades y que derivó en investigaciones por presuntos desvíos millonarios.
Uno de los expedientes mencionados involucra a Enrique González Tiburcio, exsubsecretario de la Sedatu, investigado por hechos relacionados con convenios que involucraron recursos públicos.
La atracción no significa que la Corte haya determinado que la ASF tiene o no facultades para promover estos amparos. El Pleno deberá estudiar primero la existencia de la contradicción y posteriormente definir el alcance de la participación de la Auditoría.
El asunto tampoco representa una reapertura general de la Estafa Maestra ni modifica por sí mismo la absolución de Rosario Robles, confirmada en 2024.
