El Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla inició una investigación administrativa contra el juez Enrique Romero Razo y personal adscrito a su juzgado por presuntas irregularidades relacionadas con el caso de Manuel Forcelledo Nader, condenado por el feminicidio de Karla López Albert.
Las indagatorias surgieron luego de que trascendiera un intento para modificar la medida cautelar del sentenciado, quien actualmente cumple una condena de 76 años de prisión por feminicidio, violación equiparada y aborto.
De acuerdo con la información dada a conocer hasta el 18 de mayo de 2026, la propuesta contemplaba sustituir la prisión preventiva por firma periódica y brazalete electrónico, esquema equivalente a prisión domiciliaria.
La resolución habría sido firmada por la secretaria de acuerdos, Angélica Rodríguez Zamora, mientras el juez Romero Razo se encontraba bajo licencia médica.
Tras detectar la situación, el Consejo de la Judicatura intervino y revocó la medida, por lo que Manuel Forcelledo Nader permanece recluido en el penal de San Miguel.
Entre las posibles irregularidades investigadas se encuentran la presunta falta de notificación a la familia de la víctima, la ausencia de grabación audiovisual de la audiencia y posibles actos de corrupción o favoritismo.
El caso provocó reacciones de colectivas feministas y organizaciones civiles, que exigieron transparencia en las investigaciones y sanciones contra quienes resulten responsables.
