El Gobierno federal y autoridades estatales implementaron un operativo de seguridad en la región de Chilapa de Álvarez, Guerrero, luego de varios días de enfrentamientos armados, bloqueos carreteros y desplazamiento de familias en comunidades como Alcozacán y Coatzingo.
La violencia ha sido atribuida a la disputa entre grupos criminales identificados como “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, lo que derivó en ataques con drones, balaceras y cierres de caminos que dejaron incomunicadas diversas localidades de la Montaña Baja.
De acuerdo con estimaciones oficiales, alrededor de 120 personas abandonaron sus hogares, aunque una parte de la población optó por permanecer en sus comunidades pese a las condiciones de riesgo.
Ante la escalada de violencia, la Secretaría de Gobernación informó el restablecimiento de Bases de Operaciones Interinstitucionales con un despliegue de 690 elementos del Ejército Mexicano, 400 de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, apoyados por decenas de vehículos, helicópteros y personal médico.
Como parte del plan de intervención, se estableció un “corredor seguro” para la entrega de alimentos, medicinas e insumos básicos, además del despliegue de brigadas de bienestar y atención médica en la zona.
Las autoridades también instalaron mesas de diálogo con comisarios ejidales y líderes comunitarios con el objetivo de avanzar hacia una “paz duradera” en la región.
El operativo fue instruido tras indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, y de acuerdo con los reportes oficiales, las fuerzas de seguridad ya habrían retomado el control de la zona y reabierto las principales carreteras.
