El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con un grupo de funcionarios y exfuncionarios, fue acusado por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en un caso que ha escalado a nivel diplomático.
La acusación, presentada por el Departamento de Justicia, sostiene que los implicados habrían colaborado en el trasiego de drogas hacia territorio estadounidense y que, incluso, el mandatario estatal habría recibido respaldo de “Los Chapitos” durante su proceso electoral, a cambio de brindarles protección.
Entre los señalados se encuentran el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exfuncionario Enrique Díaz Vega; así como autoridades de seguridad y mandos policiales, tanto en funciones como retirados.
Las imputaciones incluyen delitos como conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento restringido, lo que podría derivar en largas condenas.
En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la recepción de solicitudes de detención con fines de extradición, mismas que fueron remitidas a la Fiscalía General de la República para su revisión. No obstante, precisó que dichas solicitudes no incluyen pruebas, lo que será determinante en el proceso legal.
Asimismo, la dependencia federal expresó su inconformidad por la forma en que el caso fue dado a conocer públicamente por autoridades estadounidenses.
Rocha Moya, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que se trata de señalamientos sin sustento que buscan afectar políticamente a su gobierno y al proyecto de la Cuarta Transformación.
En tanto, el embajador Ronald D. Johnson reiteró que Estados Unidos mantendrá su cooperación con México para combatir redes de corrupción y delincuencia organizada, en un caso que pone a prueba la relación bilateral en materia de seguridad.
