Durante su conferencia matutina de este miércoles, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, advirtió a los partidos políticos que deberán revisar y filtrar los antecedentes de sus candidatos de cara al proceso electoral de 2027.
Armenta Mier señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Idamis Pastor Betancourt, deberá entregar informes oficiales y por escrito sobre aspirantes con antecedentes criminales, presuntos vínculos con el crimen organizado o investigaciones abiertas. La advertencia aplica para todas las fuerzas políticas con registro en Puebla, incluyendo Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC, Nueva Alianza y Fuerza por México.
El gobernador destacó que no basta con la carta de no antecedentes penales, ya que esta solo cubre condenas firmes. Por ello, pidió que los perfiles de los candidatos sean revisados a fondo, considerando investigaciones en curso y la reputación pública de posibles vínculos delictivos.
“Si un partido postula a alguien con estos antecedentes, se convierte en cómplice o delincuente”, afirmó Armenta, advirtiendo que la omisión facilitaría la entrada de delitos como huachicol, narcomenudeo, robo de vehículos o infiltración de grupos criminales en los municipios.
El mandatario indicó que los partidos que ignoren estas advertencias serán expuestos públicamente en conferencias, para que la ciudadanía conozca su responsabilidad y evite votar por candidatos con riesgo. Además, confirmó que no habrá reforma electoral al respecto: la filtración de candidatos será responsabilidad directa de los partidos políticos.
Armenta Mier recordó antecedentes recientes: en las elecciones de 2024, algunos candidatos, incluidos exediles de MC en municipios como Tlachichuca, Chalchicomula y San Nicolás Buenos Aires, fueron detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, provocando la disolución de cabildos y nombramiento de concejos municipales.
Con este anuncio, Puebla busca blindar las elecciones de 2027 y garantizar que los aspirantes cumplan con criterios de transparencia y legalidad, evitando infiltraciones del crimen organizado en la política local.
