La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, en cumplimiento de resoluciones judiciales y del Código Fiscal de la Federación, un grupo empresarial cubriría un adeudo por 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, tras ingresar más de 10 mil 400 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
El Servicio de Administración Tributaria señaló que el monto pendiente se distribuiría en 18 pagos, conforme a los beneficios fiscales vigentes, luego de que representantes empresariales acudieron ante la autoridad tributaria dentro del plazo legal establecido.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el acercamiento previo al vencimiento permitió activar un procedimiento administrativo previsto en la ley, sin acuerdos discrecionales ni negociaciones al margen del marco jurídico.
Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el gobierno federal esperaría la conclusión del plazo autorizado para confirmar el cumplimiento total del pago, al enfatizar que la actuación de Hacienda y del SAT se apegó estrictamente a las resoluciones judiciales.
Sheinbaum recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó los últimos recursos promovidos por dos empresas del grupo, lo que validó las determinaciones de los tribunales colegiados y la exigibilidad del adeudo fiscal.
La presidenta detalló que los beneficios fiscales aplicables, previstos en el Código Fiscal de la Federación, podían alcanzar hasta 39 por ciento, siempre que se cumpliera el esquema autorizado y dentro de los plazos definidos por la autoridad hacendaria.
El caso involucró a empresas vinculadas a Ricardo Salinas Pliego, cuyos adeudos acumulados ante el SAT figuraron entre los más elevados registrados en disputas fiscales en México por su monto y duración.
Sheinbaum indicó que, en caso de un resultado distinto al cumplimiento esperado, el gobierno federal contaba con un plan legal que se activaría conforme a derecho, sin excepciones y con información pública para la ciudadanía.
El pago reportado por Hacienda marcó un precedente relevante en materia de recaudación y ejecución fiscal, al consolidar resoluciones judiciales firmes y mecanismos administrativos previstos en la legislación vigente.
