La revisión al Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) no será un trámite administrativo más: será una radiografía profunda a un organismo que, tras más de una década de privatización y opacidad, hoy carga con una crisis estructural y financiera que dejó a la capital del estado y a municipios de la zona conurbada al borde del colapso hídrico.
El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que su administración emprenderá una auditoría integral al SOAPAP, que abarcará el manejo administrativo, financiero y operativo del organismo, así como los procedimientos derivados del modelo de concesión del servicio de agua instaurado durante el morenovallismo.
La indagatoria estará a cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y marcará el inicio de una nueva etapa para un sistema que, en palabras del propio mandatario, fue “desmantelado” por decisiones políticas del pasado.
La salida de Gustavo Gaytán Alcaraz, quien dirigió el SOAPAP desde julio de 2014 –coincidiendo con la entrada en vigor del contrato de concesión con Agua de Puebla–, abrirá la puerta a una revisión que inevitablemente alcanzará su gestión.
Gaytán no solo permaneció más de 11 años dentro del organismo, sino que sobrevivió a varios gobiernos, convirtiéndose en una de las figuras más reconocibles en la operación del modelo privatizador del agua en Puebla.
Originario de Querétaro y abogado de formación, Gustavo Gaytán aterrizó en Puebla en 2011 como director jurídico de Manuel Urquiza, quien asumió el control del SOAPAP al arranque del sexenio panista de Rafael Moreno Valle Rosas.
Desde esa posición, Gaytán se convirtió en una pieza importante del proyecto que cambiaría para siempre el manejo del agua en la capital: la privatización del servicio.
No fue un actor secundario. Gaytán fue el cerebro legal que dio forma al andamiaje jurídico de la concesión y a partir de 2014, escaló a la dirección general del SOAPAP.
Esa red, sin embargo, se rompió esta semana. La destitución de Gustavo Gaytán, hecha pública el lunes, cerró una de las etapas más largas y más cuestionadas en la historia reciente del manejo del agua en Puebla.
Armenta fue enfático en que la auditoría no responde a una vendetta política ni a la intención de “cortar cabezas”, como ocurría en otros tiempos.
“Cuando alguien comete un delito o falta hay que actuar. Lo digo por el SOAPAP, es que se acostumbran a la sangre, políticamente hablando; quieren que caigan cabezas. Eso era en otros tiempos, aquí no es necesario eso”, expresó.
Sin embargo, el diagnóstico que arrojan los propios números del sistema revela una debacle difícil de ignorar.
Un servicio colapsado
Durante la gestión de Gaytán, el SOAPAP acumuló más de 26 mil quejas formales por cortes injustificados, deficiencias en el suministro y mala atención a usuarios. La magnitud del problema obligó incluso al Congreso local a citarlo en repetidas ocasiones para explicar la situación del agua en la capital.
Hoy, el panorama es alarmante: sólo el 15 por ciento de los usuarios recibe agua de manera continua, mientras que el 85 por ciento restante depende de tandeos, con suministro de cuatro o menos días por semana, e incluso de una o dos veces en algunos casos.
En cifras más precisas, –hasta 2024–, apenas 298 colonias cuentan con agua todos los días, cerca de 700 reciben el servicio de forma intermitente y alrededor de 350 padecen un suministro extremadamente limitado.
El propio Gaytán reconoció el año pasado ante el Congreso que el sistema enfrenta una crisis estructural. Admitió que se requieren 300 litros por segundo adicionales para estabilizar el servicio, además de nuevas fuentes de abastecimiento.
A ello se suma la pérdida de 8 millones 420 mil metros cúbicos anuales por falta de nuevos mantos acuíferos y un déficit superior a 16 millones de metros cúbicos al año debido a la disminución del rendimiento en 16 pozos activos.
Privatización sin controles y sanciones tardías
El contrato de concesión, firmado en diciembre de 2013 durante el gobierno de Rafael Moreno Valle y la alcaldía de Eduardo Rivera Pérez, entró en operación en 2014 y dio paso a la privatización del servicio a favor de Agua de Puebla para Todos, operada por Concesiones Integrales.
Aunque Armenta aclaró que la privatización no fue decisión de quienes hoy operan el sistema, sino de los gobiernos panistas de aquel momento, los señalamientos contra la gestión de Gaytán apuntan a que no defendió los intereses de los usuarios frente a la concesionaria.
Colectivos como Todos Unidos contra la Privatización del Agua en Puebla lo acusaron durante años de solapar abusos, permitir cobros excesivos, cortes arbitrarios y un servicio deficiente sin aplicar sanciones efectivas.
De hecho, durante más de 11 años de concesión, el título contractual prácticamente no contempló multas reales para la empresa privada.
Fue hasta un acuerdo reciente cuando se estableció la posibilidad de sancionar a Agua de Puebla con multas que van de 50 mil hasta 25 millones de pesos anuales por incumplimientos, como la falta de servicio o la no atención oportuna de quejas. El propio Gaytán reconoció que estas sanciones “llegaron tarde”.
Deuda, opacidad y un organismo asfixiado
El SOAPAP arrastra hoy una deuda superior a los 2 mil 030 millones de pesos: más de 1 mil 405 millones corresponden al gobierno del estado y 624 millones a Banobras.
A pesar de que en 2024 la concesionaria privada generó ingresos por más de 2 mil 046 millones de pesos, el organismo operador apenas recibió el 5 por ciento, es decir, unos 102 millones 318 mil pesos, una cantidad insuficiente para invertir en infraestructura y mejorar el servicio.
Diputados locales también señalaron la falta de transparencia del SOAPAP, particularmente por no entregar información detallada sobre el contrato de concesión, lo que detonó exigencias de investigaciones más profundas sobre sus términos y su impacto real en el servicio.
En tanto, estudios de percepción citados por el propio organismo indican que más del 66 por ciento de los usuarios está insatisfecho, principalmente por la mala calidad del agua, las fallas constantes y los altos cobros.
Apenas el 12 por ciento tiene acceso a agua continua, mientras que más de la mitad recibe el servicio menos de cuatro días a la semana.
Armenta: primero sanear, luego decidir
En octubre pasado, Alejandro Armenta dejó clara la ruta: fortalecer primero al SOAPAP antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de la concesión.
“Los mismos que endeudaron a Puebla con el Museo Barroco son los mismos que desmantelaron al SOAPAP. No estamos a favor de la privatización, pero hoy el organismo es un fósil endeudado por quienes explotaron a Puebla en el pasado”, sentenció.
El gobernador apuntó que su administración no actuará de manera precipitada, pues por el contrario, la auditoría servirá para conocer con exactitud el estado real del organismo y con base en ello, definir si se mantiene o no el modelo de concesión que hoy enfrenta un amplio rechazo social.
La punta del iceberg fue la designación de Josefina Morales Guerrero como nueva directora general del SOAPAP, lo que marcará una etapa en la que, sin discursos de revancha, pero con números sobre la mesa, la gestión de Gustavo Gaytán quedará bajo el escrutinio legal que durante años le fue esquivo.
