En análisis, adquisición del 75% de acciones de Agua de Puebla: Armenta

Bajo la premisa de que “el agua no es una mercancía”, el gobernador Alejandro Armenta puso sobre la mesa una de las decisiones más complejas de su administración: la posible adquisición del 75 por ciento de las acciones de la empresa concesionaria Agua de Puebla.
El planteamiento surgió después de que se conoció que la empresa de origen filipino Manila Water buscó comprar 74.8 por ciento de las acciones de Agua de Puebla, operación cuyo monto ascendió a 3 mil 624 millones de pesos.
Sin embargo, lo que se presentó como una “gran sorpresa” para la ciudadanía ocultó un entramado de cláusulas consideradas leoninas y un proceso de revisión que pudo definir el rumbo económico del estado.
Armenta alineó su discurso con la política federal y subrayó que la privatización impulsada en sexenios panistas anteriores representó una “traición al Estado”. Al calificar los contratos como esquemas diseñados para beneficiar al sector privado por encima del bien público, el mandatario posicionó el eventual rescate del servicio como un acto de justicia social.
“Cuando una autoridad cuida el interés privado por encima del bien público, genera un daño patrimonial”, sentenció el gobernador, al marcar una línea divisoria entre su gestión y las administraciones pasadas.
No obstante, el desafío no fue únicamente político. El titular del Ejecutivo estatal reconoció que se trató de un asunto delicado debido a las estructuras jurídicas que blindaron a los privados, donde cualquier intento de modificación mal conducido pudo derivar en sanciones millonarias para el erario poblano.
En ese contexto, Armenta también aludió a la investigación en curso por el presunto daño patrimonial vinculado con la deuda del Museo Internacional del Barroco, al precisar que el tema no quedó cerrado y que la Fiscalía General del Estado mantuvo abiertas las indagatorias correspondientes.
El mandatario sostuvo que su administración no incurrió en omisión ni complicidad, ni emprendió persecuciones políticas, sino que actuó conforme a la ley para deslindar responsabilidades y proteger el patrimonio de Puebla.
“No crean que ya acabó el tema, la Fiscalía sigue investigando, hubo un daño patrimonial en el Museo Barroco y se sigue investigando, no somos omisos, no somos cómplices ni perseguimos a nadie, solo es aplicar la ley para que quede claro”, expresó.
La revisión de la concesión de Agua de Puebla no constituyó un caso aislado. La administración estatal mantuvo bajo análisis un total de seis concesiones consideradas estratégicas, entre ellas la de Concesiones Integrales, así como las relacionadas con el servicio de limpia y la disposición final de residuos, como PALA y Rellenos Sanitarios (RESA), esta última con operaciones en Puebla desde 1995.