La diplomacia mexicana volvió a sostener su estandarte: el derecho de asilo. Ante la ruptura anunciada por Lima, la Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó una decisión que calificó de unilateral, excesiva y contraria al espíritu del entendimiento internacional. Perú decidió romper relaciones con México tras saberse que Betssy Chávez Chino, ex primera ministra del gobierno de Pedro Castillo, había recibido protección diplomática en la embajada mexicana.
En su respuesta, México subrayó que la medida se tomó al amparo de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, conocida como la Convención de Caracas, y que la Constitución mexicana otorga pleno sustento a la protección de perseguidos políticos. “El único Estado facultado para calificar la naturaleza de una persecución es el Estado asilante”, recordó la Cancillería.
Chávez Chino, aseguró el texto, fue víctima de una persecución sistemática desde su arresto en 2023. México no improvisó: siguió el procedimiento establecido por la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, una norma que combina rigor jurídico y vocación humanista.
El pronunciamiento diplomático remata con una convicción: el asilo no es un gesto inamistoso, sino un acto soberano. Así lo reconoce la ONU, recordó México, y por eso su decisión no constituye intromisión alguna en los asuntos internos del Perú. La respuesta mexicana no solo defiende un caso, sino un principio que ha marcado su historia desde Lázaro Cárdenas hasta hoy.
México seguirá abriendo su puerta a quienes huyen de la persecución política. El comunicado concluye con un tono que suena a gesto y advertencia: “Reiteramos los lazos históricos de amistad entre nuestros pueblos”. Una frase que intenta sostener el puente diplomático mientras el otro extremo lo quema.
