Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, defendió en tribuna la constitucionalidad del artículo transitorio que permite aplicar la nueva Ley de Amparo a etapas futuras de juicios iniciados. Lo calificó de “impecable” y afirmó que la medida busca impedir que los grandes contribuyentes prolonguen litigios fiscales durante décadas para evitar el pago de impuestos.
En su intervención durante la sesión del 14 de octubre, Monreal lamentó que el debate se desviara del fondo jurídico para convertirse en una disputa político-electoral. “La tolerancia nunca me abandona, pero la tristeza me acompaña cuando veo cómo termina un debate que debiera ser ejemplo”, dijo desde el pleno.
El legislador explicó que el transitorio no vulnera el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional, sino que regula las etapas procesales futuras de los juicios en trámite. “Hay tesis de jurisprudencia sobre la retroactividad, por eso sostenemos que este artículo es impecable”, subrayó.
Monreal detalló que más de dos mil juicios de nulidad y créditos fiscales —por más de 100 mil millones de pesos— permanecen pendientes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debido a amparos interpuestos por “grandes despachos que defienden a empresarios poderosos”. Según el diputado, esos recursos tardan entre 16 y 22 años en resolverse, lo que permite a los deudores “mañosamente prolongar” su obligación tributaria.
“Queremos que paguen lo justo para el erario, para las necesidades colectivas de la patria y también para combatir a los lavadores de dinero y delincuentes de cuello blanco”, afirmó.
El morenista insistió en que la reforma no busca afectar derechos adquiridos, sino poner fin a la impunidad fiscal que se ampara en el sistema judicial.
La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones. Tras su aprobación, el dictamen fue devuelto al Senado para los efectos constitucionales correspondientes.
