La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cerró la puerta a cualquier “negociación en lo oscurito” sobre el pago de impuestos, en respuesta a la propuesta del empresario Ricardo Salinas Pliego de instalar una mesa de diálogo para resolver los adeudos fiscales de Grupo Salinas, que ascienden a 74 mil millones de pesos.
“Negociación fuera de la ley, nunca”, subrayó la mandataria al recordar que su deber es hacer cumplir la Constitución y las leyes.
Durante su posicionamiento, Sheinbaum enfatizó que los adeudos fiscales no son materia de acuerdos políticos ni de tratos especiales:
“No es asunto de sentarnos a negociar qué sí y qué no… los adeudos fiscales son un asunto de ley”, comentó durante la mañanera.
Explicó que cualquier deudor, incluido Grupo Salinas, tiene derecho a defenderse en tribunales y a acceder a los mecanismos que contempla el Código Fiscal, como descuentos en multas y recargos en caso de pago, pero siempre dentro del marco legal.
La jefa del Ejecutivo federal recordó que en el pasado existían regímenes que permitían a grandes corporaciones reducir artificialmente sus impuestos, prácticas que hoy —dijo— ya no tienen cabida.
“Es importante que todos conozcan cómo se calculan los adeudos y lo que dice la Constitución. Esos tiempos en que se negociaba en privado ya quedaron atrás”.
Sheinbaum insistió en que su gobierno mantiene abiertas las puertas al diálogo, pero reiteró que la ley es innegociable:
“Nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie, pero negociación fuera de la ley, nunca. Como decía Benito Juárez: nada ni nadie por encima de la ley”.
La propuesta de Salinas Pliego
Un día antes, el dueño de Grupo Salinas difundió un mensaje en la red social X en el que pidió a la presidenta establecer una “mesa de negociación abierta, seria y transparente” para “pagar lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”.
El empresario enfrenta señalamientos por adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de disputas con inversionistas extranjeros y la empresa AT&T. Según el gobierno federal, su grupo empresarial mantiene 32 litigios que, con actualizaciones y recargos, suman alrededor de 74 mil millones de pesos en impuestos pendientes.
