El pleno del Senado aprobó este miércoles, con 106 votos a favor, la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo central de la modificación es facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión, con lo cual se pretende cerrar la fragmentación jurídica que ha permitido a los grupos criminales aprovechar vacíos legales y operar con impunidad.
El dictamen fue respaldado por las comisiones de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, y plantea que la extorsión es un delito de alto impacto que no solo afecta de manera directa a las víctimas, sino que también vulnera la economía nacional, el patrimonio colectivo y la estabilidad emocional y psicológica de la población.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este delito mantiene una tendencia creciente: en 2018 se registraba un promedio diario de 18.89 casos, cifra que alcanzó 29.77 en enero de 2025. Estas estadísticas, aunadas a la disparidad normativa entre el Código Penal Federal y los códigos estatales, evidencian la necesidad de contar con un marco jurídico uniforme.
Durante la sesión, el senador de Morena Antonino Morales Toledo expresó que la aprobación representa un paso decisivo en la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Destacó que, hasta ahora, cada entidad federativa había tipificado el delito bajo criterios propios, lo que derivó en desigualdades procesales y espacios de impunidad.
“Hoy damos un gran paso con un marco legal general que dota a las autoridades de mayores capacidades de respuesta, privilegiando siempre la atención y protección de las víctimas”, señaló Morales Toledo desde tribuna.
La reforma constitucional abre la puerta para la creación de una Ley General en materia de Extorsión. Este nuevo ordenamiento deberá definir de manera uniforme el tipo penal, las agravantes, los delitos vinculados y las sanciones correspondientes, además de establecer mecanismos de atención integral a víctimas, ofendidos y testigos.
Los legisladores coincidieron en que esta medida contribuirá a reducir la impunidad y fortalecer la legitimidad del sistema de justicia penal. Subrayaron que la armonización legal permitirá que las investigaciones y persecuciones no dependan de la entidad donde ocurra el delito, lo que cerrará espacios que hoy aprovecha la delincuencia organizada.
Con esta aprobación en el Senado, el dictamen será turnado a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.
