La directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, informó que la edición 303 —concebida como homenaje a las y los migrantes— alcanzó una recaudación de 338.5 millones de pesos en boletos y dejó una utilidad de 115.9 millones.
El premio mayor, por 255 millones, se distribuyó en 10 cachitos ganadores de 25 millones para cada persona favorecida. Con ello, el sorteo se colocó como el más vendido del año, un dato que deja ver no solo el tirón simbólico del tema migratorio, sino el interés social por esquemas de financiamiento público con destino específico.
Las entidades con mayor participación fueron Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Estado de México, Yucatán, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Veracruz. La dispersión geográfica y la vía digital demostraron un comportamiento de compra amplio. Los números ganadores del premio mayor cayeron en la capital del país, Morelos, Tabasco y el canal digital, lo que confirma una base de compradores diversificada y, por lo tanto, un buen termómetro de confianza en el instrumento.
Más que una rifa resignificada, el 303 funcionó como una campaña de corresponsabilidad cívica: se pidió apoyo para una causa específica, se transparentó la bolsa y se anunció un plan de gasto con huella pública verificable. La Presidencia ligó el ejercicio con una narrativa de solidaridad transfronteriza: no se trata de caridad, sino de política pública de protección consular con metas y cronograma.
¿A dónde va el dinero?
El canciller Juan Ramón de la Fuente detalló que los 115.9 millones de pesos de utilidad se ejercerán de forma inmediata por la Unidad para América del Norte bajo seis ejes. Primero, representación y orientación legal en materias migratoria y penal para connacionales. Segundo, refuerzo de capacidades en consulados con mayor demanda de protección, con énfasis en personal, herramientas y horarios ampliados. Tercero, un programa de visitas de protección a centros de detención, lugares de trabajo y prisiones.
Cuarto, jornadas extraordinarias de prevención en localidades alejadas de las sedes consulares, orientadas a informar derechos, rutas de atención y mecanismos de denuncia. Quinto, una bolsa para atender emergencias por desastres naturales que afectan a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Sexto, campañas de difusión de programas preventivos y materiales informativos para que cada persona conozca y ejerza sus derechos en contextos laborales, escolares, de tránsito o detención.
Habrá reportes públicos trimestrales que permitirán seguir la trazabilidad del gasto: cuánto, dónde y con qué resultados. Ese compromiso de periodicidad es crucial para dar contenido real a la palabra transparencia: no bastan cifras de arranque, se requieren tableros, auditorías y evaluación independiente. En paralelo, la SRE confirmó atenciones en centros de detención como “Alligator Alcatraz”, donde, a la fecha de la conferencia, se habían entrevistado a ciento noventa y ocho connacionales, con el matiz de que se trata de estancias breves y, por tanto, de cifras dinámicas.
Transparencia y control: del “más vendido” al “mejor vigilado”
La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática: cualquier supuesto de obligatoriedad para que personal de dependencias compre boletos debe denunciarse ante la Secretaría Anticorrupción. “No obligamos a nadie”, dijo. La instrucción es clara y apunta a un estándar: separación tajante entre recaudación social y coerción burocrática. La legitimidad del sorteo —y de sus objetivos— se sostiene en la libertad de apoyar, no en la presión administrativa.
La medición del éxito no puede ser solo lo recaudado. Si se quiere blindar el modelo, habrá que rendir cuentas sobre resultados de protección: número de casos atendidos, tiempos de respuesta, desbloqueo de salarios retenidos, liberación de personas víctimas de detenciones arbitrarias, compensaciones logradas, así como mapas de riesgo actualizados por estado y sector laboral. La cancillería anticipó que esos informes trimestrales incluirán impactos concretos y movilidad de recursos entre líneas, si las emergencias lo exigen.
