La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reciente captura de 14 personas relacionadas con el contrabando de combustibles es la mejor prueba de que en su gobierno no habrá impunidad, sin importar los cargos, las conexiones políticas o los vínculos familiares.
El caso, que estalló tras el decomiso de más de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas, puso en evidencia la magnitud de la operación: en la lista de detenidos figuran empresarios, funcionarios de aduanas, un exjuez y mandos de la Marina, lo que confirma que la red operaba desde distintos frentes institucionales.
Al respecto, Sheinbaum sostuvo que la estrategia federal contra la corrupción está mostrando resultados tangibles y que el despliegue ocurrió gracias a una denuncia realizada hace dos años por el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.
“Es el compromiso de cero impunidad, cuando se encuentra una situación que es evidente, un entramado de corrupción y de ilícitos, pues lo que hay que hacer es detener a todos aquellos que estén involucrados”, afirmó.
Aunque las detenciones se dieron a conocer en septiembre, la mandataria explicó que la investigación comenzó cuando un buque ingresó al puerto de Tampico reportando una sustancia distinta a combustible, lo que le permitió evadir el pago de impuestos.
El hallazgo encendió las alertas y derivó en un seguimiento completo para reunir pruebas contundentes y dar con la captura de todos los responsables. La lista de capturados incluyó al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político de Rafael Ojeda; el exjuez Anuar González Hemadi, conocido por el polémico caso de “Los Porkys”, además de Héctor Manuel N., José N., Francisco Javier N., Clímaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N. e Ismael N.
Aunque las autoridades no han detallado los roles específicos de cada uno, señalaron que la red operaba mediante empresas fachada, documentos falsos y complicidades en aduanas y puertos, lo que facilitaba el ingreso de combustible sin permisos de la Secretaría de Energía ni el pago correspondiente de impuestos.
“Cuando llega este tanque cargado de diésel pues viene todo un proceso de investigación que permite tener mayores pruebas para poder hacer las detenciones. Lo que hacían era, entra el diésel, no paga impuestos y después lo venden; al no pagar impuestos, lo venden a las gasolineras o a otros proveedores de combustible y tienen ganancias muy altas”, explicó Sheinbaum este lunes.
El modus operandi
El caso de corrupción en las aduanas de Tamaulipas sigue revelando la magnitud de la red de huachicol fiscal que operaba bajo la protección de altos mandos navales.
De acuerdo con una investigación publicada por Reforma, el esquema consistía en sobornos millonarios entregados a marinos que facilitaban el ingreso de buques cargados con combustible ilegal a los recintos fiscales de Altamira y Tampico.
Las indagatorias de la FGR señalan al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y a su hermano, el Contralmirante Fernando, como piezas centrales de la operación y según la información difundida este lunes, a través de intermediarios, pagaban a sus subordinados 1 millón 750 mil pesos por cada barco que lograba descargar sin contratiempos.
El dinero circulaba en efectivo, transportado en bolsas de plástico negras que se entregaban tras la partida de los buques.
Uno de los principales presuntos beneficiarios de este esquema fue el entonces director de la Aduana de Tampico, el Capitán Alejandro Torres Joaquín, quien entre abril de 2024 y enero de este año, presuntamente autorizó la entrada de al menos 14 buques con huachicol.
Su ganancia personal, según declaró ante la Fiscalía, ascendió a más de 19 millones de pesos, después de repartir una fracción de los sobornos entre algunos de sus colaboradores.
Torres Joaquín, ahora testigo protegido, reveló que los pagos se gestionaban a través de un enlace identificado en la aplicación Threema como “NK”, a quien más tarde logró reconocer como el Capitán de Corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, quien fue señalado como intermediario de los hermanos Farías y permanece prófugo de la justicia con una orden de aprehensión.
En sus testimonios, Torres Joaquín describió cómo almacenaba el dinero en cajas y maletas dentro de su alojamiento, convencido de que algún día necesitaría esos recursos “para cualquier eventualidad”.
También detalló que, aunque debía repartir los sobornos entre 11 funcionarios, solo lo hacía con seis y en montos muy por debajo de lo acordado, quedándose con la mayor parte del botín.
Entre los implicados que presuntamente recibieron parte de los pagos están el Capitán Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Endira Xóchitl Palomo Chávez, Perla Elizabeth Castro Sánchez, Anatalia Jocelyn Gutiérrez y Ismael Ricaño Matías. Todos ellos fueron detenidos en las últimas semanas.
La primera alerta sobre la red surgió en abril de 2024, cuando un buque reportó transportar aditivos para aceite. Las pruebas de laboratorio avalaron la carga, pero días después comenzaron a circular videos de pipas descargando huachicol vinculado a ese mismo barco.
A partir de entonces, los sobornos se volvieron rutina: cada nueva descarga ilegal estaba acompañada por la entrega de 1.7 millones de pesos en efectivo.
El propio Torres, presionado por las investigaciones y tras recibir amenazas contra su familia, decidió colaborar con las autoridades. En mayo entregó a la FGR más de 29 millones de pesos en efectivo que había acumulado durante su estancia en la Aduana de Tampico, dinero guardado en maletas y cajas metálicas.
La investigación derivó en la captura de 14 personas, incluido el Vicealmirante Farías Laguna, sobrino político del entonces secretario de Marina Rafael Ojeda.
La Secretaría de Marina, a través del Almirante Raymundo Morales, este fin de semana se deslindó de los hechos y prometió que no habrá impunidad dentro de la institución, al señalar que los responsables enfrentarán consecuencias legales.
La trama, documentada por Reforma con base en expedientes de la FGR, muestra cómo una red de marinos, funcionarios aduaneros e intermediarios convirtió a los puertos de Tamaulipas en puntos de acceso para el combustible ilegal.
Además, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch y la FGR, los implicados utilizaban permisos temporales para justificar la entrada de diésel, que posteriormente era comercializado en gasolineras y flotillas con licencias legales, generando ganancias ilícitas millonarias.
Denuncia dos años atrás
La denuncia que en 2023 presentó el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, fue el punto de partida de una investigación que terminó por desmantelar una de las redes de huachicol fiscal más grandes detectadas en el país.
Tras dos años de indagatorias, este domingo la FGR confirmó la detención de 14 personas, entre ellos empresarios, marinos activos y retirados, y exfuncionarios de aduanas.
García Harfuch informó que el entramado operaba con documentación falsa para facilitar el ingreso de combustible ilegal. Entre abril de 2024 y marzo de este año, se documentó la entrada de al menos 31 buques.
En un operativo realizado en marzo de este año se decomisaron más de 190 tractocamiones, contenedores y remolques, además de 10 millones de litros de diésel, considerado un aseguramiento histórico.
El fiscal Alejandro Gertz Manero explicó que con el apoyo de la UIF, el SAT y la Procuraduría Fiscal se rastrearon movimientos financieros que llevaron al congelamiento de cuentas millonarias, propiedades y vehículos ligados a la red.
Aunque 14 personas ya fueron capturadas, existen órdenes de aprehensión pendientes y líneas de investigación abiertas en estados como Baja California y Tamaulipas.
El actual titular de Semar, Raymundo Morales, reconoció que el involucramiento del personal naval es un golpe a la institución, pero aseguró que no habrá impunidad y que estos casos no representan a la totalidad de la Armada.
Las indagatorias también vinculan a esta red con hechos violentos, como el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar y de la auxiliar de la FGR Magaly Janet Nava Ramos en 2024.
Ambos habrían denunciado irregularidades ligadas a las aduanas de Tampico y Altamira, además, otros testimonios señalan que la estructura criminal encabezada por los hermanos Farías Laguna funcionaba gracias a complicidades internas y sobornos que superaban los 200 mil pesos mensuales para mantener el control en aduanas.
Marina confirma muerte de capitán vinculado a red de huachicol fiscal
La Secretaría de Marina (Semar) confirmó este lunes la muerte del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, Tamaulipas, quien fue hallado sin vida en sus oficinas. De acuerdo con reportes preliminares, se habría tratado de un suicidio.
El oficial se encontraba bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos actos de corrupción relacionados con el llamado huachicol fiscal, una red que permitía la descarga de combustible ilegal en puertos del Golfo.
Sobornos documentados
De acuerdo con un expediente ministerial, en abril de 2024 Pérez Ramírez habría recibido 100 mil pesos a cambio de autorizar la descarga de un buque con combustible ilícito en el puerto de Tampico, cuando era responsable de seguridad en esa terminal.
El pago fue confirmado por el capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien declaró ante la FGR que la entrega fue realizada por “NK”, clave atribuida a Miguel Ángel Solano Ruiz, capitán de corbeta retirado que actualmente se encuentra prófugo.
La investigación ha derivado en la detención de 14 personas, entre ellas un vicealmirante, varios marinos y civiles. La trama alcanzaría a mandos de alto rango de la Semar, como el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, señalados por presuntamente recibir hasta 1.75 millones de pesos por cada buque autorizado para descargar combustible de procedencia ilícita.
Comunicado oficial
La Marina confirmó el deceso de Pérez Ramírez mediante un comunicado:
“La Secretaría de Marina-Armada de México lamenta profundamente el sensible fallecimiento de uno de sus elementos en el estado de Tamaulipas. La institución extiende su más sentido pésame y solidaridad a su familia, amigos y compañeros, reiterando que se les brindarán todos los apoyos necesarios y los que por Ley corresponden”.
La dependencia federal evitó detallar las circunstancias de la muerte, pero aseguró que colaborará con la FGR y otras autoridades en el curso de las investigaciones.
