El caso que golpea al futbol mexicano saltó a la escena nacional en la conferencia matutina del 28 de agosto, cuando un asistente cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la investigación publicada por periodistas poblanos. La mandataria respondió que “se revisará la denuncia”, reconociendo la gravedad del tema.
Detrás de esa pregunta estaban meses de pesquisa periodística. Los reporteros Pepe Hanan Budib y Sergio Cruz Bonilla, de En Línea Deportiva, acompañados por Osvaldo Macuil y Amir Ibrahim, siguieron huellas en el Registro Público de Comercio. El hallazgo es contundente: el Club Puebla nunca fue propiedad del empresario local Manuel Jiménez, sino de una empresa constituida en 2016 por dos abogados de bajo perfil con nexos en TV Azteca.
La historia se remonta a la compra del Atlético Morelia por parte de TV Azteca en 1996. Dos décadas después, en abril de 2016, los abogados Salathiel Nava Arriaga y Joaquín Vallejo Barajas —empleados de Monarcas— fundaron en la Ciudad de México Operadora de Escenarios Deportivos S.A. de C.V., con un capital inicial de apenas 50 mil pesos. Esta firma, desde 2017, administra al Club Puebla.
El discurso oficial presentó a Jiménez como propietario poblano, pero su nombre nunca figuró en actas constitutivas ni asambleas. En contraste, los dueños legales han sido Nava y Vallejo, originarios de Michoacán, sin historial financiero que justificara una compra superior a los 100 millones de dólares. Uno de ellos incluso registró como domicilio un modesto conjunto Infonavit en Morelia.
La red se completa con apoderados y administradores provenientes de TV Azteca: Rafael Rodríguez Sánchez, exdirector jurídico de la televisora; Denisse Andrea Rivas Rodríguez, quien registró el domicilio de la empresa en la sede corporativa de Periférico Sur; Sergio Flores Sandoval, con antecedentes en Atlas y Jaguares; Pablo Boy Espinosa, hermano del exfutbolista Tomás Boy; y Gabriel Saucedo Torres, exapoderado de Monarcas y actual representante legal del Puebla.
El patrón no se limita a la Franja. En 2020, cuando Monarcas fue trasladado a Mazatlán, se replicó la misma estrategia. La razón social cambió a Equipo de Futbol Mazatlán S.A. de C.V., pero con idéntica red de abogados y operadores ligados a Grupo Salinas.
El reglamento de la Liga MX prohíbe la multipropiedad, salvo un resquicio que permite a una persona física controlar dos clubes si están registrados mediante distintas personas morales. Esa grieta es la que mantiene intacto el control de Salinas Pliego sobre Puebla y Mazatlán.
En Puebla, la trama se profundizó con el comodato aprobado por el Congreso estatal en 2023, que entregó el Estadio Cuauhtémoc por 15 años a la Operadora de Escenarios Deportivos. El acuerdo obliga a invertir 28 millones de pesos en mantenimiento y entregar 20 por ciento de la utilidad neta. El símbolo del futbol poblano quedó así en manos de una empresa vinculada a TV Azteca.
El telón de fondo es aún más complejo. El SAT sostiene más de 30 juicios contra Grupo Salinas por 74 mil millones de pesos en impuestos. La operación del Club Puebla bajo prestanombres encaja en un esquema para dispersar responsabilidades fiscales y blindar al conglomerado.
Hoy, la Franja es mucho más que un equipo de futbol. Es el espejo de un sistema donde reglamentos laxos, autoridades complacientes y estructuras corporativas permiten a los grandes empresarios mover fichas en silencio.
