La Fundación Julita y Antonio informó que la demolición de construcciones irregulares en el predio conocido como La Covadonga, en la colonia Ignacio Zaragoza, no se ha completado, ya que cerca del 20 por ciento del terreno continúa en disputa por la empresa Agua Inmaculada, la cual se apropió ilegalmente del espacio.
De las cerca 12 hectáreas involucradas, en el operativo desplegado en julio se retiró únicamente el 80 por ciento de las edificaciones irregulares, que representan casi 10 hectáreas, a pesar de que el mandato judicial emitido en marzo de este año exigía el desalojo y la demolición total.
Jesús González Schmal, apoderado legal de la fundación, explicó que “no se cumplió plenamente la ejecutoria del amparo”. La demolición se detuvo cuando el director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, Jesús Humberto Rodríguez, solicitó frenar la acción debido a un proceso de compra-venta entre particulares en la zona.
Sin embargo, apuntó que esto no debió suceder, pues una resolución judicial emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito no puede suspenderse por reclamos particulares.
El abogado destacó que en los predios de La Covadonga se ha instalado un asentamiento irregular y solicitó al Ayuntamiento de Puebla su desalojo y demolición, recordando que los terrenos están destinados a proyectos de caridad.
El abogado reconoció que la intervención municipal se vio interrumpida por las protestas de colonos, quienes argumentan haber sido víctimas de un fraude inmobiliario. Sin embargo, sostuvo que la resistencia vecinal no justifica el incumplimiento de una resolución firme.
La Fundación anunció que volverá a los tribunales con denuncias penales y nuevos amparos para que la autoridad municipal cumpla en su totalidad con la orden.
González Schmal recordó que parte de los 223 mil metros cuadrados (22 hectáreas) que conforman La Covadonga fueron donados para fines altruistas, pero que en los últimos años se fraccionaron y vendieron de manera ilegal. Incluso, acusó la intervención de autoridades tlaxcaltecas en la escrituración irregular de algunos lotes.
El representante legal añadió que desde diciembre de 2024 existe una queja formal ante la Contraloría Municipal contra Karina Romero Sainz, titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano municipal, por presuntas omisiones en la supervisión del predio. Hasta ahora, dijo, la dependencia no ha dado respuesta.
Otro de los puntos en conflicto es el 20 por ciento del terreno aún ocupado por la empresa Agua Inmaculada, que no fue tocado durante el operativo de julio. Por ello, la Fundación ingresó un nuevo recurso para exigir que también esas construcciones sean derribadas.
De forma paralela, se mantienen en curso dos denuncias por despojo, una interpuesta en 2023 y otra a inicios de 2025, en contra de Jorge Mendoza y de la empresa Fábrica de La Inmaculada, señalados de invadir cerca de 20 mil metros cuadrados del predio (dos hectáreas).
Mientras tanto, los vecinos que adquirieron lotes continúan movilizándose. En julio bloquearon vialidades en la capital poblana y exigieron al alcalde José Chedraui una solución que repare el daño económico que aseguran haber sufrido.
La realidad es que se trataba de un terreno invadido por presuntos grupos de choque que, a fuerza de maquinaria, intimidación y promesas falsas, ofrecieron más de 400 lotes por precios que iban de los 200 mil hasta los 350 mil pesos.
