Después de 18 años y casi ocho meses privado de su libertad sin una sentencia definitiva, Israel Vallarta Cisneros fue liberado este viernes del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. La decisión obedeció a una resolución judicial emitida por la jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, quien concluyó que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró demostrar su responsabilidad en los delitos que se le imputaban desde 2005: delincuencia organizada, secuestro agravado y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Durante la conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso y recordó que Vallarta fue víctima de un montaje mediático impulsado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. El operativo fue transmitido en vivo el 9 de diciembre de 2005 por Televisa, con la conducción de Carlos Loret de Mola. “No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo. ¿Y de quién fue el montaje? De García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante”, dijo la mandataria.
Respecto a una eventual reparación del daño por parte del Estado mexicano, Sheinbaum aclaró que existe un procedimiento legal establecido en la Ley General de Víctimas. Señaló que la reparación no es una facultad discrecional del Ejecutivo ni de la Secretaría de Gobernación, sino que requiere que la persona afectada solicite ser reconocida como víctima y emprenda un proceso judicial. “Él lo tendría que pedir a partir de un juicio. La ley es clara. No es subjetiva ni se deja a decisión de ninguna dependencia federal”, subrayó.
La historia judicial de Israel Vallarta está marcada por irregularidades. Fue arrestado junto con la ciudadana francesa Florence Cassez y presentado públicamente como parte de una banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco. Ambos fueron acusados de múltiples secuestros y procesados bajo cargos graves. Sin embargo, el proceso estuvo plagado de inconsistencias, incluyendo detenciones sin orden judicial, confesiones obtenidas bajo tortura y montaje escenográfico.
Mientras Florence Cassez fue liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de 2013, tras nueve años de reclusión, Vallarta permaneció en prisión bajo prisión preventiva. Fue hasta este 2025 cuando una autoridad judicial reconoció que no existían elementos suficientes para dictarle sentencia condenatoria.
La esposa de Vallarta, Mary Sáenz, celebró la noticia con sorpresa. En declaraciones a IMER Noticias, dijo que llevaba años esperando este momento. “Me sorprendió. Siempre lo deseé, pero no sabía cuándo llegaría. Es la mejor noticia que he recibido”, expresó. Por su parte, Vallarta reconoció que su fe en la justicia le ayudó a resistir durante el proceso: “Me mantuvo la esperanza de que algún día se iba a hacer justicia”.
Este caso representa uno de los símbolos más notorios de las fallas estructurales del sistema penal mexicano. La participación de funcionarios de alto nivel en la fabricación de pruebas y la escenificación de operativos no sólo violentó los derechos fundamentales de Vallarta y Cassez, sino que expuso las grietas de una institucionalidad corrompida por el afán mediático y político.
