La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH), Rosa Isela Sánchez Soya, puso fin a uno de los debates más intensos de los últimos meses: la constitucionalidad del delito de ciberasedio, contenido en el artículo 480 del Código Penal estatal.
“Hoy no hay materia para impugnar”, sentenció la ombudsperson poblana al asegurar que, con la nueva redacción del artículo —reformado por el Congreso local el pasado 10 de julio—, no existe violación alguna a los derechos humanos ni a la libertad de expresión, principio que había generado preocupación en diversos sectores sociales y jurídicos.
En entrevista, destacó que la modificación garantiza un equilibrio entre la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión, al tiempo que fortalece el resguardo de grupos vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, quienes suelen ser víctimas frecuentes de este tipo de conductas en entornos digitales.
Sánchez Soya explicó que la Comisión actuó en tiempo y forma ante una solicitud ciudadana para promover una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, el proceso fue legalmente sobreseído, dado que el texto impugnado dejó de existir tras ser modificado por el Poder Legislativo.
La reforma, resultado de un proceso de diálogo y deliberación, incluyó tres foros públicos donde especialistas, colectivos y autoridades plantearon posturas, inquietudes y propuestas. Subrayó que la Comisión participó activamente en cada uno de ellos, no como espectadora, sino como parte de un ejercicio democrático y técnico.
“No vamos a hacer nada respecto al nuevo artículo porque se solventaron todos los señalamientos. Los verbos rectores quedaron cubiertos y estamos de acuerdo con la modificación que hubo. Estoy tranquila porque creo que el estudio lo hicimos bastante profundo”, añadió.
Con ello, la CDH de Puebla descarta promover nuevos recursos legales, al considerar que la libertad de expresión, los derechos de la prensa y la protección de víctimas están adecuadamente equilibrados en la nueva disposición legal.
Finalmente, Rosa Isela Sánchez advirtió que la ley debe estar sujeta a vigilancia, análisis y revisión permanentes, para evitar que algún derecho fundamental sea sacrificado.
