La mañana del 21 de julio, más de 2 mil 800 elementos de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y personal ministerial intervinieron de forma simultánea en 14 municipios mexiquenses como parte de la Operación Liberación. Se catearon 52 inmuebles, incluidos domicilios particulares, negocios, centros de distribución, locales comerciales y oficinas sindicales. Las acciones tuvieron como blanco a operadores clave de La Familia Michoacana, organización criminal originaria de Michoacán con fuerte presencia en el sur y centro del país.
Los operativos se desarrollaron en municipios estratégicos como Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo, Tejupilco, Malinalco y Texcaltitlán, zonas donde el grupo delictivo consolidó un esquema de control económico territorial a través de amenazas, secuestros exprés y extorsión directa. El despliegue logró la detención de ocho personas que, de acuerdo con autoridades federales, estaban a cargo de coordinar las actividades de extorsión en áreas comerciales, agropecuarias y de distribución.
Acaparamiento, amenazas y control del mercado
Durante la conferencia de prensa ofrecida el 23 de julio, los secretarios Ricardo Trevilla Trejo (Defensa), Raymundo Pedro Morales Ángeles (Marina), Omar García Harfuch (SSPC), el fiscal mexiquense José Luis Cervantes y el secretario estatal de Seguridad, Cristóbal Castañeda, revelaron el modus operandi de la red. El grupo criminal imponía pagos obligatorios a comerciantes, ganaderos, transportistas y constructores, impidiendo la operación de quienes no aceptaban sus condiciones.
Productos como cemento, varilla, aluminio, carne de res, cerdo y pollo eran “acaparados” por el grupo a través de amenazas o compras forzadas, y revendidos a precios inflados. En algunos casos, los márgenes de aumento alcanzaban hasta 70 por ciento. Esto no solo afectaba a consumidores, sino que distorsionaba de forma severa la economía local y provocaba desabasto en varias regiones rurales y urbanas del estado.
Supervisión criminal: extorsión por sector económico
El fiscal José Luis Cervantes detalló que cada segmento económico era supervisado por la red: transporte de paquetería, expendios de materiales, producción ganadera, distribución de alimentos, venta de víveres y comercio ambulante. Si alguien no pagaba la cuota o incumplía las condiciones impuestas, su mercancía era bloqueada, decomisada o destruida. En los municipios donde se ejecutaron los operativos habitan más de un millón de personas, muchas de ellas directamente afectadas por estas dinámicas de control territorial.
Las evidencias recabadas en los cateos permitirán sustentar cargos por extorsión agravada, secuestro exprés y delitos contra la salud. García Harfuch señaló que los bienes decomisados —incluidos animales de granja, productos cárnicos, materiales de construcción y maquinaria— eran utilizados para imponer una hegemonía económica a través del miedo.
Una estrategia federal contra la extorsión estructural
Desde el 6 de julio, la SSPC puso en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión. De entonces a la fecha, han sido detenidas 48 personas en todo el país vinculadas con este delito. El Estado de México, junto con Michoacán y Guerrero, encabeza la lista de entidades con mayor incidencia, motivo por el cual los operativos se han intensificado en esos territorios.
García Harfuch explicó que, a diferencia de otras acciones focalizadas, la Operación Liberación apostó por una intervención simultánea para evitar que los operadores criminales escaparan, movieran mercancías o destruyeran evidencia. “El objetivo era desmantelar estas estructuras criminales desde sus áreas de mando”, dijo.
Impacto económico y social del crimen organizado
Más allá del impacto delictivo, las autoridades destacaron el daño económico acumulado que genera la presencia de estas redes: incremento artificial de precios, desincentivo a la inversión, migración forzada de comerciantes y concentración del mercado en manos de actores violentos. Además, el control sobre productos de primera necesidad, como alimentos y materiales de vivienda, afecta de forma directa el derecho a una vida digna.
En varias comunidades, los habitantes eran rehenes de una red que decidía quién podía vender, a cuánto y en qué zonas. Esto, sumado a prácticas como el cobro por protección o el condicionamiento del transporte, generaba una economía paralela sostenida por el miedo. Con esta operación, las autoridades buscan comenzar a recuperar la autonomía económica y social en las regiones afectadas.
