El diputado federal de Morena, Francisco Javier Estrada Domínguez, solicitó formalmente la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para investigar posibles violaciones a los derechos de jornaleros indígenas que laboran en el rancho “El Ramillete”, ubicado en Dolores Hidalgo, Guanajuato. La petición surge tras un operativo efectuado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por una presunta investigación sobre explotación laboral.
“Nosotros en nuestra calidad de legisladores federales solicitaremos una reunión con la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, para exponer los planteamientos que ha documentado la prensa” e investigue el caso, adelantó el legislador.
Durante el operativo, trabajadores indígenas empleados por la empresa Agroverdi denunciaron que agentes de la Fiscalía les confiscaron sus ahorros bajo el argumento de que se debía verificar la procedencia del dinero, al considerarlo posiblemente ilícito.
Uno de los testimonios más destacados es el de Manuela Díaz Ramírez, originaria de Ayotzinapa, quien se encuentra en el séptimo mes de embarazo. Ella afirmó que le fueron sustraídos 40 mil pesos, ahorro conjunto con su esposo durante un año.
“Se llevaron 40 mil y pues no nos creyeron si era de nosotros ese dinero, creían que el dinero era robado, que o la mejor nos dedicamos a otra cosa, pero ese dinero era del trabajo que nosotros trabajábamos”, acusó.
Por su parte, el representante legal de Agroverdi, José de Jesús Espinoza Moreno, anunció que presentarán una denuncia por abuso de autoridad en contra del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, debido a las presuntas irregularidades cometidas durante el operativo en el albergue donde residen los trabajadores. Señaló que se llevaron el dinero de al menos 70 personas.
Acompañado por legisladores locales, Estrada Domínguez también hizo un llamado al fiscal del estado para que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades en caso de comprobarse condiciones de explotación laboral.
El coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, David Martínez Mendizábal, cuestionó que durante la intervención de la FGE no se aplicara el protocolo correspondiente para la atención de trabajadores agrícolas. Enfatizó la necesidad de adoptar un enfoque basado en derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad y protección a la niñez.
“Pregunto: ¿había algún traductor?, porque la gente que está ahí, en su mayoría es indígena”, señaló.
Asimismo, calificó el operativo como deficiente, con una perspectiva “inadecuada, punitiva y policiaca”, además de reiterar las irregularidades reportadas por diversos medios.
“Fue un mal operativo, con un enfoque inadecuado, punitivo, policiaco y con las agravantes que la prensa ha documentado”, lamentó.
El operativo en cuestión se realizó el viernes 11 de julio en las instalaciones donde pernoctaban los jornaleros indígenas. La Fiscalía justificó su actuación con base en una investigación por “el delito de trata de personas con fines de explotación laboral”, señalando que se detectó la presencia de 700 personas “en condiciones de vulnerabilidad”.
“Este operativo forma parte de la estrategia integral para la erradicación de delitos que vulneran la dignidad y los derechos humanos”, afirmó la FGE. Sin embargo, el representante legal de Agroverdi rechazó tales acusaciones y calificó la intervención como “un circo”, al sostener que no existen condiciones de explotación en el lugar.
