El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEF-E) 2025, en los que se destaca que al cierre del año 2024, el “36.3 por ciento de las personas privadas de la libertad en México, las cuales ascendieron a 236 mil 773, no tenían una sentencia”.
De acuerdo con el informe, de las 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad sin una resolución judicial definitiva, “38 por ciento se encontraba en prisión preventiva justificada (evaluada por un juez); 47 por ciento, en prisión preventiva oficiosa (automática al ser acusadas de ciertos delitos); 2.2 por ciento, en otro supuesto jurídico y para 12.8 por ciento no se identificó el tipo de estatus jurídico”. Esta situación revela una persistente problemática en el sistema de justicia penal.
En términos comparativos, el porcentaje de personas sin sentencia registró una ligera disminución frente a 2023, al pasar de 37.2 por ciento a 36.3 por ciento, según lo informado por el organismo encabezado por Graciela Márquez.
El desglose por sexo muestra disparidades importantes: “31.2 por ciento de las mujeres y 38.5 por ciento de los hombres estaban en prisión preventiva justificada; mientras que 56.4 por ciento de las mujeres y 46.2 por ciento de los hombres se encontraban prisión preventiva oficiosa”. Asimismo, el Estado de México y Michoacán reportaron que “el 100 por ciento de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba en prisión preventiva oficiosa”.
El informe también advierte sobre los tiempos prolongados en espera de sentencia, que pueden derivar en afectaciones al debido proceso. “Al cierre de 2024, 25.6 por ciento de las mujeres y 22.3 por ciento de los hombres llevaban dos años o más en espera de su sentencia”, reveló el Inegi.
Durante el año pasado se registró el ingreso de 140 mil 510 personas a centros penitenciarios y especializados. De ese total, “2 mil 195 ingresaron a los centros penitenciarios federales (CPF) y 138 mil 315, a los centros penitenciarios estatales y centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes (CPE)”, entre quienes se contabilizan “136 mil 753 personas adultas y mil 562 adolescentes”. Este total representa una reducción del 4.9 por ciento respecto a 2023, aunque se mantiene como la segunda cifra más alta desde 2017.
Las entidades con mayor número de ingresos fueron el Estado de México, con 35 mil 771, y la Ciudad de México, con 25 mil 584. La tasa nacional de personas privadas de la libertad o internadas por cada 100 mil habitantes fue de 179. Por sexo, se reportaron “48.8 por cada 100 mil mujeres y 314.9 por cada 100 mil hombres”, siendo Sonora y Baja California los estados con las tasas más elevadas, con “381.0 y 319.2” respectivamente.
En cuanto al tipo de delitos, entre las mujeres el más frecuente fue “delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos, con 34.4 por ciento”, mientras que entre los hombres predominó “delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos, con 33.7 por ciento”.
Finalmente, el censo reportó un total de “166 mil 567 delitos por los cuales ingresaron las personas a dichos centros”. De este universo, el 8.6 por ciento correspondió a mujeres y el 91.4 por ciento a hombres. El delito más común fue el robo, cometido por “25.6 por ciento de las mujeres y 27.2 por ciento de los hombres”, seguido por los “delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo”, presentes en 24.4 por ciento de las mujeres y 20.5 por ciento de los hombres.
