Con voz temblorosa pero sin titubeos, Ovidio Guzmán López admitió ante la justicia estadounidense haber dirigido parte de las operaciones del Cártel de Sinaloa.
Su declaración de culpabilidad no solo implica el reconocimiento de delitos graves como el tráfico de fentanilo y la asociación delictuosa, sino que representa un movimiento estratégico: colaborar con el gobierno de Estados Unidos para obtener beneficios procesales.
A sus 35 años, el hijo del “Chapo” se convierte en un eslabón clave de una cadena criminal que opera a nivel global y que, hasta ahora, había sorteado la justicia mexicana.
Un proceso quirúrgico en suelo estadounidense
El acuerdo judicial se cocinó durante semanas. A finales de junio, Guzmán López estampó su firma en un documento en el que manifestó su intención de declararse culpable.
Solicitó que su caso se trasladara a Illinois, donde enfrenta cargos más sólidos relacionados con el tráfico de drogas y las estructuras financieras del narcotráfico.
En el mismo movimiento, se desestimaron los cargos pendientes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El gobierno estadounidense concentró así sus esfuerzos judiciales en un solo proceso, lo que permite acelerar tanto la cooperación del acusado como una eventual sentencia pactada.
México queda en la sombra del proceso
A diferencia del sistema judicial mexicano, que lo liberó en 2019 en medio de una balacera, el de Estados Unidos ya logró su confesión y lo retiene como pieza de negociación. La decisión de Ovidio Guzmán de declararse culpable, entregar información y pagar 80 millones de dólares deja en entredicho la eficacia del sistema nacional para castigar a capos de alto perfil.
Si bien el caso se desarrolla fuera del país, sus efectos pueden sentirse en el reacomodo interno de Los Chapitos y en la política bilateral de seguridad. Lo que sigue es esperar si su colaboración será suficiente para esquivar la cadena perpetua.
