Con la solemnidad de una decisión histórica, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría calificada dos nuevas leyes que marcan el fin de una era y el nacimiento de otra: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Ambas normas sellan el destino del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), al tiempo que transfieren sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, órgano que ahora llevará sobre sus hombros la responsabilidad de custodiar el derecho ciudadano a saber y a proteger su intimidad en manos del Estado.
La iniciativa, enviada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, tiene como propósito garantizar la continuidad de este derecho fundamental, incluso en medio del reacomodo institucional.
Así, una vez que las leyes entren en vigor, será esta dependencia la que vigile el cumplimiento de la transparencia, el libre acceso a la información pública y la protección de los datos personales, tanto en la administración estatal como en los ayuntamientos.
Pero no todo queda ahí. Las resoluciones que estaban en manos del extinto Itaipue, como los recursos de revisión y acciones en materia de acceso a la información, serán asumidas por los órganos de control interno de los poderes Legislativo y Judicial, así como por los entes constitucionalmente autónomos.
En este nuevo entramado institucional se contempla también la creación del Subsistema de Transparencia del Estado de Puebla, que será el nodo articulador entre los poderes públicos y organismos autónomos, y que además se integrará al Sistema Nacional de Transparencia.
Su misión será clara y ambiciosa: vigilar, evaluar y enlazar las políticas locales con la agenda nacional de acceso a la información.
El dictamen fue aprobado gracias a los votos de la mayoría de Morena y sus aliados —Fuerza por México, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza—; en esta ocasión también se sumó el partido Movimiento Ciudadano.
En contraste, seis legisladores se opusieron: cinco del PAN (Susana Riestra, Rafael Micalco, Marcos Castro, Luana Amador y Celia Bonaga), y la diputada del PRI, Delfina Pozos Vergara.
Con este cambio, los bienes muebles del Itaipue serán transferidos a la Secretaría Anticorrupción, y su personal deberá ser liquidado conforme a la ley. Sin embargo, se abre la posibilidad de que algunos de sus trabajadores continúen su labor como parte del nuevo Órgano Administrativo Desconcentrado.
Así, entre votos divididos, argumentos cruzados y el eco de lo que fue, el Congreso de Puebla sepulta al Itaipue y abre paso a un nuevo capítulo en la vigilancia del poder: uno que, al menos en papel, promete ser más articulado, más fuerte y más transparente.
