«La legítima libertad de expresión quedará garantizada en este artículo… y las críticas hacia los servidores públicos no se considerarán como ciberasedio».
Con esa frase contundente, la presidenta del Congreso de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, marcó el cierre de un capítulo que mantuvo en tensión a periodistas, activistas, legisladores y ciudadanos durante casi un mes.
Fueron semanas de mesas de trabajo, foros públicos y encuentros con especialistas.
El debate no fue menor: el artículo 480 del Código Penal del Estado, que sanciona el ciberasedio, se encontraba en el ojo del huracán por el riesgo de abrir la puerta a la censura digital.
Las voces se alzaron dentro y fuera del Congreso. Y finalmente, este miércoles, la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) aprobó un nuevo texto que será votado en el pleno este 10 de julio.
El dictamen incluye una excepción expresa: las críticas hacia servidores públicos quedan fuera del alcance penal. La libertad de expresión, insistieron los legisladores que apoyaron la reforma, no será criminalizada.
¿Qué dice la reforma?
De acuerdo con la propuesta, impulsada por diputadas y diputados de la LXII Legislatura, se busca sustituir los verbos actuales del tipo penal —como insultar, injuriar o vejar— por términos jurídicamente más claros como vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa, cometidos de forma reiterada o sistemática a través de medios digitales.
Asimismo, la reforma plantea que el delito ya no se configure por la intención de dañar, sino por el resultado concreto que genere en la víctima, como la alteración de su vida cotidiana, la perturbación de su privacidad o el daño a su integridad física o emocional.
También hace énfasis de tomar en cuenta el contexto de la comisión del delito de ciberasedio para garantizar la aplicación de la norma de una manera más precisa, certera y justa.
Esto significa que las autoridades juzgadoras, como es el Ministerio Público y Poder Judicial, deberán aplicar la descripción típica al caso concreto, incluyendo características de los sujetos intervinientes, la reiteración y características de las conductas y los efectos producidos.
Otro cambio relevante es la reducción de la pena mínima de prisión, que pasaría de 11 a 6 meses, manteniendo el máximo de tres años, además de multas que van de 50 a 300 UMAs.
También se propone que este delito sea perseguible solo por querella, excepto en casos donde las víctimas sean menores de edad, personas con discapacidad o exista una relación de subordinación, en cuyo caso se procederá de oficio.
La iniciativa incluye una cláusula de exclusión para garantizar que no se castigue la crítica legítima ni el trabajo informativo.
Textualmente, se excluyen de este delito: «Las manifestaciones o críticas orientadas a satisfacer un interés público, garantizar el desarrollo democrático o traten del escrutinio de cualquier órgano del Estado o persona servidora pública.
«Todas las expresiones emitidas en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia y demás disposiciones aplicables».
El documento fue firmado por la diputada de Morena, Laura Artemisa García Chávez, el del Partido Verde, Jaime Natale Uranga; del Partido del Trabajo, José Luis Figueroa Cortés; de Nueva Alianza, Elías Lozada Ortega; y de Fuerza por México, Elpidio Díaz Escobar.
La única diputada de la oposición en sumarse y formar parte de estas modificaciones fue la del partido Movimiento Ciudadano, Fedrha Isabel Suriano Corrales.
Los legisladores dejaron claro que la reforma busca dar mayor certeza jurídica, proteger a las víctimas y al mismo tiempo evitar que se criminalicen expresiones que forman parte del debate público en la sociedad.
Pero además de detallar los cambios en esta iniciativa de decreto se presentaron los siguientes argumentos estadísticos, destacando que de los 889 casos de ciberacoso registrados del 01 enero al 30 de junio del año 2024, 94.67 por cienti se relacionaron con el tipo penal de Ciberasedio, mientras que 5.33 por ciento correspondieron a reportes con connotación sexual.
Para lo que va del presente año, los mil 80 casos indican que 93.84 por ciento se clasificaron como Ciberasedio y 6.16 por ciento como Ciberacoso, observándose una ligera variación porcentual entre ambos periodos.
Opiniones divididas
La diputada de Morena señaló que en la nueva redacción se cuidó el principio de taxatividad penal, es decir, que el delito esté claramente definido para evitar interpretaciones amplias o arbitrarias.
«Tendrá que respetarse la legítima libertad de expresión quedará garantizada en este artículo y en esta visión que estamos realizando respecto a la ciberseguridad».
Asimismo, reconoció la propuesta de la diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano Corrales, quien pidió desde un inicio excluir las críticas a funcionarios públicos del concepto de ciberasedio.
“Por supuesto que el periodismo deberá ser protegido, así como que los comentarios y críticas hacia los servidores públicos no se considerarán como ciberasedio”.
En cuanto a las sanciones, la reforma reduce la pena mínima de 11 a seis meses de prisión, mientras que la máxima se mantiene en tres años, junto con multas económicas de entre 50 y 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Sin embargo, no todos los grupos parlamentarios están de acuerdo. La diputada del PRI, Delfina Pozos, anticipó que votará en contra, al igual que la bancada del PAN, que mantiene su postura a favor de derogar por completo el artículo 480, a pesar de que no presentó una propuesta formal sobre el tema.
PAN exige derogar el artículo completo
Mientras que la diputada panista Celia Bonaga reiteró que su bancada considera que la reforma no elimina del todo el riesgo de criminalizar la crítica, y que el nuevo texto no corrige el problema de fondo.
Afirmó que la diputada Susana Riestra presentó una nueva iniciativa a última hora, pidiendo la derogación total del artículo, pero sin suficiente tiempo para un análisis a fondo, debido al inminente cierre del periodo legislativo.
“Si ya se cometió un error, al menos hagámoslo bien. Queríamos esperar al receso legislativo para mejorar la propuesta con especialistas. Hoy, otra vez, estamos legislando con prisas”.
La legisladora de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, reconoció que, si bien persisten ambigüedades en algunos términos, el nuevo dictamen representa un avance importante.
“Debería existir una concatenación clara de acciones para configurar el delito. Aun así, se da un paso importante al proteger la libertad de expresión”.
