El Congreso de Puebla ya empezó a dar los primeros pasos, en coordinación con el grupo de asesores de la Consejería Jurídica del estado para trabajar en la iniciativa de revocación de mandato, la cual busca juntar la propuesta del gobernador Alejandro Armenta Mier cuando era senador de la República.
No se trata de una ocurrencia, sino de una deuda legislativa.
El tema, impulsado hace años por Alejandro Armenta Mier cuando era senador y hoy gobernador del estado, ha sido retomado por el Legislativo local.
Pero no llega sola, la propuesta también será alimentada por la iniciativa del diputado morenista Julio Huerta Gómez, y entre ambas darán vida a un solo proyecto: una ley que abra la puerta para que los ciudadanos tengan, por fin, la herramienta para retirar del poder a quien no cumpla.
“Nos vamos a sentar con el equipo jurídico del gobernador para construir una sola iniciativa que sea producto de dos propuestas”, dijo Huerta Gómez, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
La presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, confirmó que ya se recibió el documento oficial del Ejecutivo, con la esencia de aquella iniciativa que hace años fue sembrada en el Senado.
El mecanismo de revocación de mandato permitiría que, a mitad de un sexenio, los ciudadanos puedan evaluar si un gobernador debe continuar o no en su cargo.
Pero el poder ciudadano no se activa por sí solo. Se necesita una petición formal ante el Instituto Electoral del Estado (IEE). Solo así se podrá poner en marcha este instrumento de vigilancia democrática.
“Debe haber una petición ciudadana. Esto es un derecho, no una obligación”, enfatizó el diputado Huerta, dejando claro que el proceso no nace del capricho político, sino del reclamo colectivo.
Por ahora, la figura aplicará únicamente para el Ejecutivo estatal. Sobre los ayuntamientos, el diputado no cierra la puerta: “Puede revisarse”, dice, aunque reconoce que la brevedad de su mandato complica el uso práctico del mecanismo.
“Puede revisarse, la única situación aquí es que el término de mandato de los ayuntamientos es muy breve, sería cuestión de revisar si puede aplicar para evaluar si continúan o no los ayuntamientos”.
No es solo voluntad política lo que mueve esta reforma. Hay una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2019 que empuja a las entidades a legislar en materia de revocación de mandato.
La sentencia no sólo marca un camino, sino que establece un precedente jurídico que obliga a todos los congresos estatales a adecuar sus constituciones.
La revocación de mandato en Puebla tiene historia. En 2020, el entonces gobernador fallecido, Miguel Barbosa Huerta presentó una iniciativa que abría la puerta a la revocación y eliminaba el fuero legislativo. En aquel momento, el discurso era claro: acabar con la impunidad, sancionar el abuso, castigar el cohecho y el peculado. Cinco meses más tarde, aquella iniciativa fue aprobada.
Ahora, cinco años después, una nueva versión de la revocación se discute, no como amenaza, sino como garantía de que el mandato no es absoluto, y que el pueblo, si así lo decide, puede cerrar un capítulo antes de tiempo.
