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julio 7, 2025
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FGR investiga a diputado del Partido Verde Julio Scherer Pareyón por presunta corrupción en Sonora

Julio Scherer Pareyón estaría vinculado a empresa beneficiada sin licitación pública; la judicialización del caso podría iniciar en semanas

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Julio Scherer Pareyón, por presunta corrupción relacionada con la concesión del libramiento de Nogales, en el estado de Sonora. De acuerdo con las autoridades, la empresa Operadora de Caminos Carreteros Nogamex, que recibió la concesión, estaría vinculada a Jaime Aceves, socio cercano al legislador.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero declaró que la carpeta de investigación está en fase avanzada y que en las próximas semanas podría iniciarse el proceso de judicialización, advirtiendo que no habrá excepciones en el tratamiento del caso. La concesión fue otorgada en noviembre de 2022 por más de 30 años, sin que existiera licitación pública, lo cual ha generado cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia.

Según la denuncia, la empresa beneficiada carece de experiencia en infraestructura carretera federal, y su adjudicación directa se habría facilitado mediante influencias políticas y personales. La FGR también investiga posibles delitos como uso ilícito de atribuciones, tráfico de influencias y encubrimiento por parte de otros funcionarios involucrados en el proceso de concesión.

El caso ha generado preocupación sobre la posible utilización de cargos públicos para beneficiar intereses privados. Las autoridades analizan los contratos, los vínculos entre los implicados y la actuación de funcionarios estatales y federales que habrían intervenido en la adjudicación. La figura de Scherer Pareyón cobra relevancia, no solo por su cargo como diputado, sino también por ser hijo del exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien también ha sido señalado en otros procesos.

La Fiscalía reiteró su compromiso de actuar con apego a derecho y sin distinciones, subrayando que este tipo de investigaciones son clave para fortalecer la rendición de cuentas y combatir la corrupción en la asignación de infraestructura pública. La resolución del caso podría sentar un precedente relevante sobre el uso indebido del poder en concesiones de obra pública.

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