Diputadas del Congreso del Estado de Puebla pertenecientes a los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) alistan iniciativas para reformar el artículo 480 del Código Penal, relativo al delito de ciberasedio, al considerar que la redacción vigente es ambigua y podría vulnerar el derecho a la libertad de expresión.
La diputada Fedrha Suriano Corrales (MC) anunció que este jueves presentará ante el Pleno una propuesta de modificación que busca precisar el lenguaje del artículo y reducir la pena aplicable de tres a dos años de prisión. Señaló que su iniciativa pretende integrarse a la mesa de trabajo legislativa que analiza la legislación en torno a la violencia digital, aunque evitó dar mayores detalles.
Posturas encontradas: desde ajustes hasta derogación total
Desde el PAN, el diputado Marcos Castro indicó que su bancada aún considera la derogación total del artículo 480 como la mejor salida legislativa, mientras que su compañera de bancada, Susana Riestra, trabaja en una propuesta de reforma alterna a la presentada por la Dirección Jurídica del Congreso el pasado 1 de junio.
“Estamos revisando con cuidado la propuesta inicial. Hay coincidencias, pero también puntos que deben revisarse con más precisión para evitar criminalizar expresiones legítimas en redes sociales”, declaró Riestra.
En tanto, la diputada priista Delfina Pozos Vergara reiteró su postura a favor de eliminar por completo el artículo, al considerar que su aplicación actual atenta contra el ejercicio de la libre expresión y puede ser usado para inhibir la denuncia pública de casos de violencia.
La propuesta original, presentada este 1 de julio por la Dirección Jurídica del Congreso en coordinación con la diputada Laura Artemisa García Chávez, define el ciberasedio como el uso reiterado de medios digitales para vigilar, hostigar o dañar la integridad, reputación o vida privada de una persona.
Además, contempla mecanismos para evitar la criminalización de periodistas o activistas, como salvaguardas específicas que protejan el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión en entornos digitales.
También establece que cuando la víctima sea menor de edad o se encuentre en situación de vulnerabilidad, el delito se perseguirá de oficio, y la autoridad deberá valorar el contexto, medios usados, frecuencia y consecuencias para determinar si hay elementos constitutivos del ilícito.
La presidenta del Congreso subrayó que esta es apenas una propuesta inicial, la cual se enriquecerá con las aportaciones de los legisladores, especialistas y organizaciones civiles en las siguientes mesas de trabajo.
