El mandatario estatal respondió a cuestionamientos sobre la situación del activista, quien fue aprehendido por agentes ministeriales el pasado 1 de julio cuando se dirigía a una asamblea en defensa del agua en el municipio de Nealtican.
Armenta dijo que este proceso judicial no representa un conflicto con el estado, sino que se trata de un litigio entre particulares, en el que la Fiscalía General del Estado (FGE) actúa conforme a su autonomía y con base en una denuncia formal.
El gobernador insistió en que su administración no ha reprimido manifestaciones sociales y que se rige bajo principios de respeto, además, recordó que, en casos sensibles, como el de personas desaparecidas o defensores sociales, su gobierno ha actuado con responsabilidad institucional.
Su pronunciamiento se da luego de que Renato N. fue detenido el lunes por su presunta participación en hechos ocurridos el pasado 28 de mayo en San Miguel Xoxtla, donde se habrían causado daños materiales y ocupado un predio durante una protesta contra obras hidráulicas impulsadas por una empresa privada.
La FGE acusó al activista de encabezar actos que derivaron en la afectación de infraestructura y en el despojo de terrenos destinados a la instalación de tubería de agua potable.
Según la autoridad ministerial, los manifestantes habrían lanzado objetos contra trabajadores de la empresa, lo que generó destrozos y apropiación ilegal del predio.
El secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, informó que la Fiscalía ha sido la única fuente oficial sobre el caso, y que los señalamientos provienen de una denuncia presentada por Agua de Puebla.
Durante la conferencia de prensa, Claudia Martínez Sánchez, presidenta del Colectivo Nacional de Periodistas y Activistas (CONAPA), tomó la palabra para exigir al gobernador la liberación de Renato, a quien definió como un defensor del agua y de los derechos humanos, y no como un delincuente.
Ante ello, Alejandro Armenta sostuvo que su gobierno no censura ni reprime la libertad de expresión, y señaló que la Comisión de Derechos Humanos estará al tanto del desarrollo del caso.
“Tengan la plena seguridad que le daremos el seguimiento en la Fiscalía, no es un tema entre el Estado y un particular, sino un tema entre un particular y otro particular, no del gobierno. Cuando una persona en estricto sentido ejerce un acto, eso tiene una consecuencia”, expresó.
