La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desestimó que existan pruebas firmes de lavado de dinero contra tres instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aclaró que, tras una revisión interna, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solo emitió sanciones administrativas contra Intercam y CIBanco, mientras que Vector Casa de Bolsa no fue objeto de castigo por parte de las autoridades mexicanas.
Ante los señalamientos de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a algunos bancos mexicanos, Sheinbaum Pardo, puntualizó que es necesario demostrar estas acusaciones con pruebas para actuar ante ello.
“Si hay pruebas, se actúa, no hay impunidad, no importa quien sea, pero si no hay pruebas no se puede actuar, como en cualquier delito. Hasta ahora el departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero y tenemos antecedentes en la relación México – Estados Unidos de temas en donde incluso, por ejemplo, el caso Cienfuegos, detuvieron a Cienfuegos sin ninguna prueba, tan es así que no hubo pruebas que sueltan al general Cienfuegos”, destacó.
Las observaciones surgieron a partir de información compartida por la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN), con base en la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que permitió restringir por 21 días las operaciones de bancos estadounidenses con las entidades mexicanas involucradas.
FinCEN alegó que las instituciones habrían facilitado movimientos financieros relacionados con grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Cártel del Golfo. No obstante, México recibió únicamente referencias generales sobre transferencias entre empresas chinas y mexicanas, sin pruebas documentales que configuren delitos.
Gobierno de México actuará si hay pruebas
Por ello, solicitó al Departamento del Tesoro enviar las pruebas necesarias, para que con ello el Gobierno de México les acompañe en el proceso.
“Nosotros actuamos si hay pruebas. Al departamento del tesoro es: que envíe las pruebas si es que las tiene para que los acompañemos en el proceso, si no hay pruebas pues no puede haber de nuestra parte reconocimiento de lavado de dinero, tiene que haber pruebas para saber si hubo lavado de dinero o no. Ni lo negamos ni lo aceptamos, sencillamente no hay pruebas, si hay pruebas de la propia investigación de la UIF o de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se actúa, administrativamente, incluso penalmente, pero si no hay pruebas pues no se puede actuar”, reiteró.
Sheinbaum destacó que las transacciones observadas por FinCEN corresponden al flujo comercial habitual entre México y China, el cual ascendió a 139 mil millones de dólares en 2024, y que las empresas involucradas están legalmente constituidas en ambos países.
“Mencionar transferencias con empresas chinas no es prueba de lavado de dinero, sino evidencia de un comercio activo”, señaló. Además, comparó: “Estados Unidos tiene un comercio con China de trillones de dólares. ¿Eso lo convierte en lavado?”
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”, reiteró, además de señalar que en la relación México-Estados Unidos se trabaja con cooperación y coordinación, pero nunca con subordinación.
Alfonso Romo Garza, fundador de Vector y exfuncionario del gobierno de López Obrador, quedó en la mira tras esta decisión. Su papel fue clave como enlace empresarial en la campaña presidencial de 2018 y como funcionario entre 2018 y 2020. Su cercanía con el presidente y su influencia económica ahora son objeto de escrutinio.
Entre los elementos destacados por la autoridad estadounidense se encuentran transacciones que ascienden a más de un millón de dólares en cinco años, así como el uso de criptomonedas y cuentas asociadas para mover recursos ilícitos. Las medidas del Tesoro incluyen la prohibición a instituciones estadounidenses de establecer relaciones con las firmas mexicanas mencionadas, lo cual podría tener repercusiones en el sistema financiero binacional.
“México no se subordina a nadie, somos un país libre, soberano e independiente nos coordinamos, colaboramos, lo hemos dicho muchas veces, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con estados unidos es de iguales no de subordinación, de guales, no somos piñata de nadie a México se le respeta y esa es la posición que hemos llevado con el presidente Trump que ha llevado el secretario de economía con el secretario de comercio, del secretario de hacienda con el secretario del tesoro de Estadnos Unidos, colaboramos, coordinamos, pero en este caso particular tiene que haber pruebas”.
En cuanto a la posible vinculación de las instituciones financieras con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública detenido por narcotráfico en Estados Unidos, Sheinbaum aseguró que no existe ningún indicio de conexión en las investigaciones mexicanas. “La UIF sigue indagando, pero no hay evidencia de vínculos financieros entre esas entidades y García Luna ni con la delincuencia organizada”, apuntó.
Sobre el estado del sistema financiero mexicano, Sheinbaum lo calificó como “sólido y fuerte”, e indicó que los bancos involucrados son de tamaño reducido. Anunció también que su gobierno está impulsando una reforma legislativa contra el lavado de dinero que dará mayores herramientas a la UIF. “México colabora, pero no se subordina. A México se le respeta”, concluyó.
Señalamiento de FinCEN no constituye una acusación penal: Gerardo Esquivel
El economista y ex subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, coincidió con el gobierno mexicano: “Decir ‘no hay pruebas’ es correcto”. Según explicó, el señalamiento de FinCEN no constituye una acusación penal ni pasará necesariamente a juicio legal. El documento contiene indicios y lenguaje especulativo, como “podría haber ocurrido” o “probablemente facilitaron”, lo cual, a juicio de Esquivel, tiene un componente político y mediático más que jurídico.
“Hay que entender que esto no es un juicio formal, sino una advertencia reputacional. No hay por qué entrar en pánico por algo sin pruebas contundentes. La dimensión política del anuncio es clave”, afirmó.
También subrayó que el Departamento del Tesoro no tiene facultades para castigar extraterritorialmente a bancos mexicanos, por lo que el impacto inmediato se limita a restricciones para operar con instituciones estadounidenses y daños a la reputación.
En entrevista con la periodista Gabriela Warkentin, Esquivel dijo que Estados Unidos busca presionar a México para acelerar reformas y fortalecer sus mecanismos de combate al lavado de dinero. En este contexto, consideró importante que el Senado haya aprobado el mismo día una nueva legislación antilavado, que podría dar mayor certeza institucional y permitir esclarecer el caso en los próximos días.
El economista planteó tres dimensiones del caso:
Política: Estados Unidos usa el señalamiento como herramienta de presión bilateral.
Jurídica: No existe una acusación formal con sustento penal.
Institucional-económica: El sistema financiero mexicano es sólido y los depósitos están protegidos hasta por 3.4 millones de pesos a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
