Con 349 votos a favor y 132 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de la Guardia Nacional y diversas reformas a normas relacionadas con su estructura y funciones. El dictamen, avalado durante el primer día del periodo extraordinario de sesiones, fue impulsado por la mayoría legislativa y ha sido fuertemente cuestionado por la oposición, que lo considera un paso más en la militarización de las tareas de seguridad pública.
Entre los cambios destacados se encuentra la posibilidad de que integrantes de la Guardia Nacional soliciten una licencia especial para participar en elecciones o integrarse a funciones civiles dentro de los tres niveles de gobierno. Esta figura, incluida en el artículo 44 del dictamen, requerirá la aprobación tanto de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Presidencia de la República.
Otro punto que generó polémica fue la facultad para transferir efectivos entre la Guardia Nacional y la Sedena por “necesidades del servicio”, contemplada en el artículo 164 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La transferencia no requerirá autorización legislativa ni consulta previa, lo que ha despertado críticas por la falta de controles civiles.
Las reformas también comprenden la expedición de la Ley de la Guardia Nacional y la modificación de seis leyes más, además de dos códigos legales, sin dictamen previo de las comisiones de Seguridad Pública ni de Defensa Nacional. El proceso legislativo, conducido principalmente por la Comisión de Justicia desde el 9 de junio, fue acusado de opaco y parcial por legisladores de oposición.
Desde el bloque mayoritario, se argumentó que la Guardia Nacional conservará su carácter civil, ya que su estrategia estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo titular es civil. La diputada Dolores Padierna insistió en que “la presidenta es un mando civil” y rechazó las acusaciones de militarismo, atribuyéndolas al legado de inseguridad dejado por administraciones anteriores.
Sin embargo, legisladores del PAN alertaron sobre el posible uso político del nuevo marco legal, especialmente por el papel de la Guardia Nacional en tareas de inteligencia, ahora reguladas por la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. Señalaron que no existen garantías suficientes para evitar abusos o vigilancia ciudadana sin control.
La votación, que no tuvo abstenciones, dejó abierta la discusión de artículos reservados, por lo que se prevé que el debate continúe en los próximos días. La medida representa una nueva etapa en la disputa entre fuerzas políticas sobre el modelo de seguridad pública y el papel de las Fuerzas Armadas en la vida institucional del país.
