En las entrañas del Congreso de Puebla, se alista una reforma al Código Penal que discutirá una propuesta para tipificar conductas delictivas perpetradas desde el anonimato digital, esa oscura frontera donde la impunidad se instaló como regla. El tema no es menor: 6 de cada 10 niñas, niños y jóvenes han sufrido algún tipo de agresión digital en México y casi la mitad de los usuarios digitales ha sufrido algún tipo de fraude en línea.
La iniciativa fue presentada por el coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, a finales de noviembre del año pasado, cuando aún era legislador, con una pregunta que pocos habían cuestionado: ¿Quién responde cuando alguien es acosado, engañado, expuesto o defraudado desde una cuenta falsa, desde una identidad que no existe, desde un número de teléfono sin registro? En muchos casos, la respuesta ha sido desoladora: nadie.
García Parra lo resumió de forma cruda este lunes, desde la conferencia matutina del gobernador Alejandro Armenta: “Con un simple correo pueden robarte tus datos, vaciar cuentas o acosarte. Cuando se intenta denunciar, no hay forma de proceder porque no está tipificado”, dijo.
Por tanto, la reforma propone incorporar al Código Penal figuras como el ciberasedio, la usurpación dolosa de identidad digital, el espionaje electrónico, el fraude cibernético y el grooming digital, todos ellos cometidos, muchas veces, por sujetos que operan sin rostro ni nombre en el entorno digital.
Las sanciones
El dictamen, que podría ser aprobado este miércoles por la Comisión legislativa y pasar al Pleno tan pronto como el jueves, contempla penas que van de uno a cuatro años de prisión y multas que oscilan entre las 50 y 200 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a 5 mil 657 y 22 mil pesos, dependiendo de la gravedad del delito y del impacto causado a la víctima.
El documento refiere que, por ejemplo, en delitos relacionados con usurpación de identidad, las sanciones serían de entre uno y cuatro años de prisión, mientras que el espionaje digital y el ciberasedio se castigaría con uno a tres años de prisión. En todos los casos con multas de hasta 22 mil 628 pesos.
En el caso de corrupción a menores, también llamado grooming y propuesto para ser tipificado como delito por internet, se propone agregar un quinto inciso al artículo 217 del Código Penal, no obstante, el anteproyecto no menciona sanciones como sí lo hacen los primeros cuatro incisos de la actual legislación.
El inciso quinto agrega como delito lo siguiente:
“V. Hacerse pasar por persona menor de edad utilizando los medios electrónicos y las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (TICS), para contactar a niñas, niños y adolescentes a través de internet, con el propósito de ganar su confianza y luego acosarlos o controlarlos emocionalmente y chantajearlos con fines sexuales”.
La iniciativa contempla incluir otras denominaciones en el argot informático, que se incluyen dentro de la categoría de fraude electrónico: Pishing (envío de links para acceder a datos financieros), Smishing (envío de links para acceder a páginas web apócrifas), Pharming (robo de información mediante ventanas emergentes ilícitas), Vishing (simular ser empleado de alguna institución financiera) e Evil Twins (ofrecer redes wifi gratuitas para robar información).
Debido a que no existe una ley correlativa al fraude electrónico en el Código Penal, y a que las sanciones no se especificaron en la iniciativa en este rubro, no queda claro cuáles serían los años de prisión para los infractores en este punto, aunque el documento aún podría ser modificado por los legisladores en turno, antes de presentarse ante el Pleno el jueves.
Realidad cibernética
Más allá de las cifras, lo que esta propuesta elaborada por el coordinador de Gabinete busca, es encender una alerta roja donde por años reinó el silencio.
Y es que, el entorno digital en Puebla ha cambiado radicalmente: más del 73 por ciento de los hogares tienen conexión a internet y 6 de cada 10 utilizan servicios como redes sociales, mensajería y servicios financieros digitales a través de su teléfono celular.
El documento señala que ahora, basta con que una persona finja ser un menor o un conocido en redes sociales para inducir a un niño, niña o adolescente a compartir material íntimo o entablar conversaciones sexuales, para que se configure un delito penal, también llamado grooming.
Ramificaciones aún más complejas surgen al hablar del espionaje digital, otra conducta contemplada en el paquete de reformas, donde se incluirían casos de parejas que instalan programas para vigilar los teléfonos de sus cónyuges, jefes que rastrean a sus empleados sin consentimiento, o incluso funcionarios que acceden a conversaciones privadas.
Los datos de delitos cibernéticos ofrecen un panorama aún más completo: de acuerdo con la Asociación de Internet MX, durante 2022 casi la mitad de los usuarios digitales en México sufrió algún tipo de fraude en línea, más del 27 por ciento fue víctima de suplantación de identidad y el 22 por ciento reportó robo de información.
Lo más alarmante es que en la mayoría de estos casos, las víctimas no pudieron identificar al agresor ni obtener justicia alguna.
Además, en la entidad poblana, durante 2023, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) investigó un ciberataque cada 61 minutos en Puebla, lo que colocó a la entidad en el quinto lugar con el mayor número de reportes en el país.
De acuerdo con información publicada por El Sol de Puebla, los incidentes de ciberacoso en el estado tuvieron un alarmante repunte en 2024, con un incremento del 118 por ciento en comparación con los años 2022 y 2023.
Según datos de la Policía Cibernética de la SSP, mientras que en años anteriores se registraron apenas 11 casos, el año pasado la cifra alcanzó los 24.
Lo anterior se suma a un tema poco atendido: el número de integrantes de la Policía Cibernética que operan en Puebla, debería ser de 40 elementos, sin embargo, la entidad se posicionó en el cuarto lugar a nivel nacional en agentes activos con 16, por lo que García Parra identificó un área de oportunidad para atender con mayor prontitud los delitos cometidos digitalmente.
La violencia digital ha ocupado recientemente un foco de atención en Puebla, luego de que, por ejemplo, hace una semana Gabriela “La Bonita” Sánchez Saavedra, actual titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, recibió ataques a través de cuentas anónimas por internet.
La dependencia denunció los mensajes difundidos desde la cuenta “La Aldea Poblana” en la red social X, la cual emitió expresiones de violencia de género al incitar al odio y denigrar a la funcionaria por aspecto físico, más allá de su desempeño profesional.
La agresión contra Gabriela Sánchez no es un caso aislado. En Puebla, distintas activistas han denunciado un repunte en la violencia digital contra mujeres, particularmente aquellas que ocupan cargos públicos, promueven políticas de igualdad o tienen presencia en medios.
Una mirada al anonimato digital
- 6 de cada 10 niñas, niños y jóvenes en México han sufrido algún tipo de agresión digital.
- Casi el 50% de los usuarios digitales en México ha sido víctima de algún tipo de fraude en línea.
- Más del 27% de los usuarios reportaron suplantación de identidad digital.
- El 22% de los usuarios digitales sufrió robo de información.
- En Puebla, en 2023, la Secretaría de Seguridad Pública investigó un ciberataque cada 61 minutos.
- Puebla se posicionó en el quinto lugar nacional por número de reportes de ciberataques.
- En 2024, los casos de ciberacoso aumentaron 118% en comparación con 2022 y 2023.
- En años anteriores se registraron 11 casos de ciberacoso; en 2024 la cifra subió a 24.
- El estado de Puebla solo cuenta con 16 agentes de Policía Cibernética activos, aunque debería tener al menos 40.
@desde_lasilla 🛡️💻 ¡Puebla hace historia! La nueva Ley de Ciberseguridad, impulsada por José Luis García Parra, tipifica ciberacoso, robo de identidad y difusión no consentida de contenido íntimo. Sin censura, protege a niñas, niños y jóvenes con sanciones claras y enfoque en derechos humanos. 🚀 #PueblaCibersegura #LeyCiberseguridad ♬ sonido original – Desde La Silla
Las modalidades de fraude electrónico que busca tipificar la reforma incluyen:
Pishing: Envío de links para robar datos financieros.
Smishing: Envío de links por SMS hacia sitios falsos.
Pharming: Robo de información mediante ventanas emergentes ilegítimas.
Vishing: Llamadas falsas simulando ser de instituciones bancarias.
Evil Twins: Redes WiFi falsas que interceptan datos del usuario.
