El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una moción de emergencia para impedir la ocupación militar de Los Ángeles por parte del gobierno federal, una medida ordenada por el presidente Donald Trump y calificada por autoridades locales como inconstitucional, ilegal y peligrosa para la democracia estadounidense.
La solicitud judicial, interpuesta este martes, exige a una corte federal bloquear el envío de marines y efectivos de la Guardia Nacional sin autorización del estado, en lo que Newsom describió como “una ocupación injustificada” dirigida contra comunidades migrantes. El mandatario afirmó: “Trump está usando al Ejército contra los ciudadanos. Los tribunales deben detener esta ilegalidad”.
El contexto inmediato incluye una escalada de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con más de un centenar de detenciones en California desde el fin de semana, lo que ha derivado en protestas multitudinarias y enfrentamientos en distintos puntos del área metropolitana de Los Ángeles.
Según el gobernador y el fiscal general del estado, Rob Bonta, la intervención militar viola la Constitución al imponerse sin consentimiento del gobierno estatal y al asignar tareas de orden civil a fuerzas castrenses. La demanda fue presentada contra Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el Departamento de Defensa.
“El presidente actúa como un tirano. Utiliza pretextos para intimidar y silenciar a quienes se le oponen”, declaró Bonta. También subrayó que el uso de soldados para patrullar calles y comunidades civiles no tiene precedente en Estados Unidos.
Además de la moción judicial, la oficina del gobernador publicó un video satírico donde compara el despliegue militar con escenas de la saga Star Wars. En el montaje audiovisual, Trump aparece citado en su red Truth Social afirmando que “Los Ángeles ha sido invadida por inmigrantes ilegales y criminales”, mientras en pantalla se muestran imágenes de tropas imperiales y enfrentamientos ficticios, subrayando el carácter distópico de la militarización.
La reacción estatal se produjo tras el arribo de dos mil elementos de la Guardia Nacional y la previsión del despliegue de setecientos marines adicionales. El gobierno federal ha justificado la acción como parte del apoyo a ICE, pero tanto Newsom como la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, denuncian una extralimitación autoritaria.
El litigio legal podría marcar un nuevo episodio en la tensa relación entre el estado de California y la administración Trump, con implicaciones directas sobre el uso del poder militar en territorio nacional.
