La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio, explicó que la medida forma parte de una revisión más amplia al funcionamiento de las aplicaciones y de los permisos que se les otorgaron hace una década.
Explicó que la nueva licencia buscará terminar con una de las principales quejas de taxistas y concesionarios: la falta de un marco equitativo, toda vez que en Puebla solo Uber y Didi cuentan con autorización formal.
De acuerdo con las cifras del gobierno, Uber suma 10 mil 476 conductores, mientras que Didi reporta 4 mil 331, aunque cerca del 30 por ciento trabaja en ambas plataformas, lo que significa que existen 10 mil 365 conductores reales aproximadamente.
Pero el caso más delicado es el de Uber: su permiso, otorgado en 2015, vence este año. La empresa presentó un amparo para evitar el refrendo que exige la normativa estatal vigente.
Silvia Tanús apuntó que la SMT ya notificó al representante legal de la compañía para iniciar el proceso de revisión, pues la administración estatal insistió en que la renovación deberá realizarse bajo las reglas actuales y no bajo regulaciones que datan de hace 10 años.
Por otro lado, Didi aún tiene varios años de operación autorizada, toda vez que su permiso fue otorgado en el año 2019 y bajo ese criterio tendría que renovar licencia hasta 2029.
«En Puebla solo están registradas dos plataformas: Uber y Didi, hay otras que estamos investigando y procediendo a sanciones porque no tienen registro. En el año 2015 se dio la concesión a Uber por 10 años y en 2019 a Didi, por lo tanto, este año vence el permiso de Uber, el cual podrán renovar con las concesiones que marca la propia ley, ayer se envió una carta al representante legal para platicar porque interpusieron una demanda por una ley de hace 10 años», dijo Tanús.
Además de la licencia estatal, los operadores de ambas plataformas deberán pasar por procesos de certificación, similares a los que se exigen al servicio mercantil, así como garantizar que los operadores de este servicio cuenten con seguridad social.
La dependencia también revisará qué aplicaciones operan sin permisos y evaluará sanciones por incumplimientos, particularmente en temas de seguridad y protección a los usuarios.
