Los decomisos de un buque en el puerto de Tampico y 129 carrotanques en Coahuila, que transportaban en conjunto más de 25 millones en diésel, sacaron a la luz la existencia de una red de tráfico ilegal de hidrocarburos en el país, en cuyo epicentro se encuentra Lambrucar SA de CV, una empresa constituida en la Notaría 1 de Tetela de Ocampo, cuyo titular Isaí Gracida Martínez, actualmente se desempeña como director General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobernación estatal.
Lo que comenzó como una incautación aislada en el puerto de Tampico se convirtió en uno de los decomisos más grandes historia reciente del país, luego de que, a finales de marzo de este año, las autoridades mexicanas decomisaron un buque con 10 millones de litros de diésel en costas tamaulipecas.
El combustible, supuestamente clasificado como “aditivo” para evadir impuestos, levantó sospechas por su volumen y por inconsistencias en la documentación aduanal.
Aquel operativo, encabezado por la Secretaría de Marina y personal de seguridad física de Pemex, no fue un hecho aislado: marcó el inicio de una línea de investigación que terminaría por desnudar una compleja red de tráfico ilegal de combustibles que opera en varios estados del país y que tendría sus raíces en sitios como Puebla, con empresas que utilizaron documentos falsificados, facturación clonada y registros aduanales alterados.
Pero la historia no terminó ahí, toda vez que, en julio de este año, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, confirmó lo que ya se sospechaba: el país enfrentaba una red estructurada que operaba mediante trenes de carga y que usaba ferrotanques con capacidad de hasta 110 mil litros cada uno.
Ahora, en dos ubicaciones de Coahuila, las fuerzas federales aseguraron un total de 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible ilegal.
En Ramos Arizpe, 33 de estos tanques fueron encontrados abandonados con casi 4 millones de litros, mientras que, en Saltillo, otros 96 estaban detenidos sobre las vías del tren con más de 11 millones de litros de diésel, gasolina y destilados de petróleo.
El combustible carecía de documentación legal que acreditara su origen o destino y fue, como lo definió Harfuch, el decomiso más grande de su tipo en lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las empresas involucradas
Detrás de estos movimientos, la lupa de las autoridades apuntó hacia tres empresas: Ingemar, Belar Fuels (de Houston) y Lambrucar, que hoy están bajo investigación por su presunta participación en esta red de contrabando.
Ingemar fue constituida en la Ciudad de México en 2018 por José Merino Valdés Cuervo, Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro. Aunque originalmente estuvo vinculada a servicios portuarios en Baja California, poco después ingresó al negocio energético.
La compañía Ingemar estableció relaciones comerciales con la empresa texana Belar Fuels Company, dirigida por Eduardo Rodríguez Chamoy y fue a través de esta firma estadounidense que comenzó la compra de grandes cantidades de combustible, que eran introducidas a México presuntamente por medio de prácticas irregulares.
La red se amplió a través de alianzas con otras dos compañías mexicanas: Crismon Hidrocarburos y Derivados, y Lambrucar. En el caso de ésta última, hoy se encuentra en el ojo del huracán, al haber sido constituida en 2018 en el estado de Puebla, justo en los años de mayor auge del llamado huachicol, que fue permitido en gran medida durante las administraciones de Rafael Moreno Valle y Tony Gali Fayad.
Lo que llama la atención es que fue registrada en la Notaría Pública número 1 de Tetela de Ocampo, cuyo titular, Isaí Gracida Martínez, actualmente ocupa el cargo de director general jurídico en la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría de Gobernación estatal, de acuerdo con información constatada en el Registro de Información Registral y Catastral revisado por Desde la Silla.
De acuerdo con versiones periodísticas, Isaí Gracida habría recibido la patente de notario directamente del exgobernador Mario Marín Torres, como premio por su participación en la escrituración de terrenos para el fallido proyecto industrial de “La Célula”.
Desde su fundación, Lambrucar cambió de propietarios al menos cuatro veces, por eso no es sorpresa que, aunque hace siete años decía haber sido constituida en la ciudad de Puebla, hoy todas las modificaciones de su registro comercial se desarrollen desde San Luis Potosí.
Los socios fundadores de Lambrucar fueron en 2018 Antonio Trejo Cruz y Hugo Botello García, quienes la registraron en tiempos en que el mercado ilegal de combustibles crecía aceleradamente en Puebla.
Sin embargo, hoy la atención se centra en su posible participación dentro de un esquema de huachicol fiscal nacional o internacional, que habría permitido el ingreso de hidrocarburos al país de manera irregular, con diversas implicaciones fiscales.
Este año, Lambrucar registró nuevas operaciones en el Registro de Comercio bajo la titularidad de Martín del Real Guzmán, originario de Jalisco y Adrián Eugenio Luna, domiciliado en San Luis Potosí, lo que coincide con los nuevos focos de operación detectados por las autoridades federales.
Además, Omar García Harfuch confirmó recientemente que una línea de investigación vigente se originó tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en un buque interceptado el pasado 29 de marzo en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
Aunque el funcionario federal no mencionó directamente a ninguna empresa, medios nacionales han vinculado estos hechos de decomiso de combustible con Lambrucar, Belar Fuels e Ingemar, con base en fuentes federales.
A esto se suma que documentos obtenidos por el noticiero En Punto revelan que Ingemar habría incurrido en la presentación de facturas alteradas, pedimentos aduanales falsificados y fichas de embarque manipuladas.
Las facturas, emitidas por Belar Fuels, reportaban cargas de apenas 20 mil litros por ferrotanque, cuando en realidad transportaban hasta 110 mil litros cada uno. Así se ocultaban hasta 90 mil litros por unidad, replicando la práctica en decenas de trenes y pipas.
También se descubrió que las direcciones fiscales en los documentos estaban falsificadas. La dirección de Belar Fuels en Houston, por ejemplo, correspondía a un código postal en Stafford, una localidad a más de 30 kilómetros de distancia.
El combustible introducido mediante estas prácticas era almacenado en instalaciones como la terminal “Servicio Ferrovial de Monterrey”, ubicada en Escobedo, Nuevo León, así como en espuelas ferroviarias de Saltillo y Ramos Arizpe.
