A 20 años de su detención, Israel Vallarta Cisneros fue finalmente absuelto por el Poder Judicial mexicano, poniendo fin a un proceso judicial marcado por irregularidades, tortura y una prolongada prisión preventiva sin sentencia. Durante la conferencia matutina de este viernes 1 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema como un emblema de las fallas históricas del sistema de justicia en México.
Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó la responsabilidad del Estado en casos como este y llamó a no olvidar el montaje televisivo en el que se detuvo a Vallarta frente a cámaras, dirigido por Genaro García Luna y transmitido por el periodista Carlos Loret de Mola en 2005.
La jefa del Ejecutivo reiteró que su administración se ha mantenido atenta a este tipo de casos, con un enfoque centrado en los derechos humanos y la no repetición.
“No se nos puede olvidar cómo fue la detención y el montaje televisivo, conducido por Loret de Mola. ¿Y de quién fue el montaje? Pues de García Luna, hoy preso en Estados Unidos por narcotraficante”, afirmó.
Además, reconoció que la Secretaría de Gobernación había dado seguimiento a las denuncias de tortura interpuestas por Vallarta, lo cual fue determinante en el fallo absolutorio.
El proceso penal contra Vallarta, acusado de ser parte de la banda de secuestradores «Los Zodiaco», se extendió sin sentencia durante casi dos décadas, aun después de que su coacusada Florence Cassez fuera liberada en 2013 por violaciones al debido proceso.
Sheinbaum insistió en que la justicia no debe depender de montajes mediáticos ni intereses políticos, sino de hechos probados y garantías procesales. En ese sentido, subrayó que la sentencia absolutoria representa un acto de justicia tardía, pero imprescindible, y exhortó a que se reconozca a Israel Vallarta como víctima del Estado.
“Él tendría que pedir la reparación del daño a partir de un juicio. Hay una Ley de Víctimas que es clara en cuanto a cuándo debe haber un resarcimiento por parte del Estado”, expresó.
La presidenta vinculó el caso a los excesos del sexenio de Felipe Calderón, marcado por estrategias de seguridad basadas en simulaciones, detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Recordó que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en ese periodo, enfrenta actualmente un proceso judicial en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y asociación delictuosa, lo que confirma la falta de legitimidad de sus acciones en México.
“Este montaje es un símbolo de lo que no debe volver a pasar en el país”, dijo Sheinbaum.
Además del señalamiento político, la mandataria destacó la dimensión humana del caso. Durante su discurso, hizo énfasis en la necesidad de cerrar los ciclos de impunidad que permiten que las víctimas de abusos institucionales queden en el olvido.
“La Ley de Víctimas establece que debe haber un procedimiento legal para ser reconocido como tal y, desde ahí, tener derecho a una reparación”, explicó. Si Vallarta decide emprender ese camino, podría iniciar un proceso contra el Estado mexicano, con base en las normas nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.
La absolución fue confirmada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, quien apuntó que la resolución fue producto del trabajo interinstitucional y de los organismos de justicia.
La noticia fue recibida con alivio por colectivos de derechos humanos y por Mary Sainz, actual esposa de Vallarta, quien ha sostenido una lucha pública por su libertad desde hace más de una década.
En su momento, la detención de Vallarta fue utilizada mediáticamente como un golpe contra el crimen organizado, sin que existieran pruebas contundentes ni proceso legítimo.
El caso Vallarta-Cassez es una de las heridas abiertas más emblemáticas en el sistema de justicia mexicano. En él confluyen las prácticas de tortura, la fabricación de culpables, el uso del aparato mediático para justificar decisiones políticas y la ausencia de garantías judiciales básicas.
El reconocimiento por parte del gobierno federal de estas fallas abre la posibilidad de un nuevo tratamiento institucional sobre casos similares y envía un mensaje a las fiscalías y jueces del país sobre la urgencia de actuar con imparcialidad y responsabilidad.
Con la sentencia absolutoria, Israel Vallarta no solo recupera su libertad, sino también la oportunidad de exigir justicia en un sentido amplio: que se reconozca el daño causado y se repare con dignidad.
Por ahora, Sheinbaum dejó claro que “nadie debe estar preso sin sentencia y mucho menos por causas fabricadas”. Esta postura refuerza su compromiso con una justicia que no esté subordinada al poder político ni mediático, y con un país donde ninguna persona vuelva a pasar 20 años en la cárcel sin una condena o absolución.
