La presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, Belinda Aguilar Díaz, negó que exista algún tipo de protección hacia Javier N., presunto autor material del feminicidio de la activista Cecilia Monzón Pérez, y aseguró que los retrasos en el proceso judicial responden a estrategias legales de la defensa.
En entrevista, Aguilar Díaz enfatizó que el órgano judicial actúa con imparcialidad y apego a derecho en este y cualquier otro caso. Explicó que la dilación del juicio se debe a los recursos legales presentados por los abogados de Javier N., y no a una actuación del tribunal.
“Los que se encuentran litigando, que en este caso son la defensa y el ministerio público, son los que hacen que se retrasen las cosas, no propiamente el tribunal. No hay protección hacia él; nosotros estamos actuando conforme a derecho”, declaró.
La postura del Poder Judicial responde a las denuncias de Helena Monzón, hermana de la víctima, quien ha señalado que el juicio ha sido entorpecido por cambios de abogados, supuestas emergencias médicas del acusado y ausencias injustificadas en audiencias.
Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022 en San Pedro Cholula, cuando circulaba en su camioneta. Entre los señalados están su expareja, el exmilitante priista Javier López Zavala, su sobrino Jair N., y un tercer implicado, identificado como Silvestre N. Actualmente, Javier N. cumple una sentencia de seis años por violencia familiar en el penal de San Miguel, a la espera de que se resuelva el proceso por feminicidio.
Caso Lomas de Angelópolis
En otro tema, la magistrada presidenta informó sobre la situación de Alex N., adolescente vinculado al feminicidio de una mujer en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis. Aclaró que el joven no está en libertad total, sino bajo arraigo domiciliario, lo que implica que sus padres son responsables de su cuidado y vigilancia.
Aguilar Díaz recordó que la justicia para adolescentes es distinta a la de adultos, ya que privilegia la reinserción social.
“La justicia para los adolescentes es totalmente diferente a la de las personas mayores de edad. Con el ánimo de lograr la reinserción, las medidas disciplinarias son distintas y la responsabilidad de los padres es fundamental en este periodo”, explicó.
Con estas declaraciones, la presidenta del TSJ defendió la aplicación de un marco diferenciado en procesos que involucran a menores de edad.
