La administración de Donald Trump ha dado un paso que marca un giro radical en la política antidrogas de Estados Unidos: una orden secreta firmada por el presidente autoriza al Pentágono a desplegar fuerza militar contra ciertos cárteles latinoamericanos, entre ellos mexicanos, bajo el argumento de que constituyen organizaciones terroristas extranjeras.
La medida, confirmada por fuentes del gobierno citadas por el diario The New York Times, abre la puerta a operaciones directas en mar y tierra fuera de territorio estadounidense, lo que implicaría acciones dentro de México sin necesidad de coordinación previa con autoridades locales.
Este enfoque es el más agresivo adoptado hasta ahora por Trump en su cruzada contra el narcotráfico, que en meses recientes ya incluyó el despliegue de la Guardia Nacional y tropas en la frontera sur.
La estrategia se presenta como una respuesta a la crisis por el fentanilo y otras drogas sintéticas, pero especialistas advierten que la designación de cárteles mexicanos como grupos terroristas permitiría operaciones militares ofensivas sin precedentes en la relación bilateral.
Entre las organizaciones señaladas figuran el Cártel de los Soles, con supuesta conexión con el presidente venezolano Nicolás Maduro, y grupos como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha. Sin embargo, fuentes diplomáticas y de seguridad en México consideran que la medida está diseñada para justificar un papel protagónico de las fuerzas armadas de Estados Unidos en el combate a cárteles mexicanos como el de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La historia de intervenciones militares estadounidenses en América Latina ofrece un antecedente preocupante. En 1989, más de 20 mil soldados ingresaron a Panamá para capturar a Manuel Noriega, acción condenada por la ONU como violación flagrante del derecho internacional.
En la década de 1990, las operaciones conjuntas en Colombia y Perú derivaron en incidentes fatales, como el derribo de aeronaves civiles sospechosas de transportar droga. En todos los casos, Washington sostuvo que actuaba en defensa de su seguridad nacional.
Juristas estadounidenses advierten que la nueva orden plantea interrogantes legales complejos. El uso de fuerza letal contra personas sospechosas de narcotráfico fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría considerarse asesinato bajo la legislación estadounidense.
La Ley Posse Comitatus, que restringe el papel militar en funciones policiales, quedaría relegada a un segundo plano bajo la narrativa de combate al terrorismo.
Para México, el riesgo es doble: por un lado, el impacto directo de operaciones militares extranjeras en su territorio; por otro, el deterioro diplomático que provocaría un acto unilateral.
Analistas coinciden en que, incluso sin presencia en tierra, la ampliación de patrullajes navales y aéreos cerca de las costas mexicanas ya representaría una escalada significativa.
La Casa Blanca, a través de su portavoz Anna Kelly, defendió la medida como una “acción audaz para proteger la patria” y reiteró que el presidente busca “utilizar todos los elementos del poder estadounidense” contra los cárteles.
El Departamento de Defensa evitó pronunciarse, mientras que en el Congreso algunos republicanos respaldaron la idea de “tratar a los cárteles como ejércitos enemigos”.
En México, la orden despierta recuerdos de propuestas anteriores de Trump, como bombardear laboratorios de droga en territorio mexicano, idea rechazada en su momento por altos mandos de su propio gobierno.
Hoy, esa lógica de intervención parece haberse materializado en un documento oficial cuya aplicación podría poner a prueba la soberanía nacional.
