Cuando se pensaba que la política migratoria de Estados Unidos no podía ser más dura, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó una ley de 1798 para justificar la deportación de migrantes a El Salvador, una medida que ha generado un intenso debate y controversia.
Al menos 280 presuntos miembros de la pandilla de origen venezolano Tren de Aragua fueron enviados a El Salvador por la Casa Blanca.
La Ley de Sedición, originalmente promulgada en un contexto de creciente tensión política, fue diseñada para limitar la libertad de expresión y facilitar la deportación de extranjeros considerados una amenaza para la seguridad nacional. Esta ley no se había aplicado desde la Segunda Guerra Mundial, por lo que su resurgimiento ha abierto viejas heridas sobre el uso de la legislación para controlar la migración.
El presidente estadounidense utilizó este recurso pasando por encima de la decisión de un juez federal del país norteamericano que le prohibía preventivamente a su Gobierno deportar de manera acelerada a cinco ciudadanos venezolanos bajo esta normativa, luego de que Democracy Forward y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentaran una demanda.
Trump, en su afán por endurecer las políticas migratorias, argumentó que la invocación de esta ley era necesaria para proteger la seguridad nacional ante la llegada de migrantes que, según su administración, representaban un riesgo.
Vieja política
Durante su primer mandato, más de 1.5 millones de personas fueron deportadas, muchas de las cuales se llevaron a cabo bajo la justificación de amenazas a la seguridad. Según datos del Instituto de Política Migratoria, en 2019, aproximadamente 40% de los deportados provenían de Centroamérica, con un notable aumento en el número de salvadoreños.
Las deportaciones a El Salvador, en particular, afectaron a familias enteras, muchas de las cuales huían de la violencia y la pobreza en su país. Un informe de Human Rights Watch documentó que, en 2020, más de 10,000 salvadoreños fueron deportados, a menudo sin el debido proceso y enfrentándose a condiciones peligrosas al regresar.
Vs los derechos humanos
Activistas de derechos humanos y organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han criticado estas políticas, señalando que la aplicación de una ley tan antigua y controvertida podría conducir a violaciones de derechos humanos.
“Utilizar una ley de 1798 para justificar la deportación de personas que buscan refugio es una violación de los principios básicos de humanidad”, declaró una portavoz de ACLU. Además, organizaciones como Refugees International han enfatizado que estas deportaciones no abordan las causas subyacentes de la migración, que a menudo incluyen la violencia de pandillas y la falta de oportunidades económicas en El Salvador.
El uso de la Ley de Sedición de 1798 también plantea preguntas sobre el estado actual de la democracia en Estados Unidos y la capacidad del gobierno para utilizar la legislación de forma que afecte los derechos de los individuos.
El pasado 15 de marzo, el instituto no partidista Center for American Progress (CAP, por sus siglas en inglés) denunció que el disfrute de esta medida constituye “un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales”.
«Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de Estados Unidos», afirmó el CAP en un comunicado en relación con el capítulo más reciente de la aplicación de la ley, mencionada anteriormente.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) instó al “Gobierno” a “que le asegure al Tribunal que su orden no fue violada y estamos esperando la audiencia, además de intentar realizar nuestra propia investigación», con respecto al fallo federal que impedía la deportación de las 283 personas.
En cuanto a Venezuela, la ONG venezolana Provea denunció que con todo esto se intensifican los “ataques contra los venezolanos” por parte del Gobierno de Trump y señaló que las deportaciones se llevaron a cabo “sin garantizar el debido proceso”.
