El llamado “registro de unidad” con el que el PRI poblano renovó su dirigencia estatal se concretó en un contexto marcado por la polémica. La postulación de Citlalic Ceja García a la presidencia del partido se formalizó luego de que trascendiera la existencia de una presunta orden de aprehensión en contra de Lorenzo Rivera Nava, quien inicialmente buscaba encabezar la dirigencia estatal del tricolor y que finalmente quedó registrado como secretario General.
Lejos de abrir un proceso competitivo o de deslindarse de los señalamientos, la dirigencia priista optó por cerrar filas y avanzar con una sola fórmula, evitando una confrontación interna que evidenciara aún más el desgaste político del partido en Puebla.
La decisión, presentada como un ejercicio de cohesión, también ha sido interpretada como una estrategia para contener daños y proteger a uno de sus cuadros frente a la presión mediática y judicial.
De acuerdo con la convocatoria emitida por el propio partido, al haberse registrado únicamente una candidatura, la designación se realizó de facto, por lo que Citlalic Ceja tomó protesta este mismo jueves como presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, sin mediar un proceso de votación entre la militancia.
Tras asumir el cargo, Ceja García reiteró su discurso de inclusión y reconciliación interna, al convocar a militantes y cuadros que en su momento se alejaron del partido a reincorporarse a las filas del tricolor. Aseguró que su dirigencia no estará marcada por exclusiones y que el PRI debe reconstruirse a partir de la suma de voluntades, en un contexto adverso para el instituto político.
No obstante, el arranque de la nueva dirigencia quedó inevitablemente atravesado por la controversia en torno a Lorenzo Rivera Nava, quien ha sido señalado por una presunta orden de aprehensión derivada de su desempeño como presidente municipal de Chignahuapan, así como por los hechos de violencia registrados durante su administración, que incluyeron un enfrentamiento entre presuntos huachicoleros y policías con un saldo de dos personas muertas y la posterior renuncia de su entonces secretario de Seguridad Pública, José Manuel Flores Ordóñez, en noviembre de 2022.
Rivera Nava rechazó las acusaciones y las calificó como “fuego amigo” y parte de una campaña de desprestigio para sacarlo de la contienda por la dirigencia estatal del PRI. Afirmó que no ha recibido notificación alguna por parte de autoridades judiciales y sostuvo que los señalamientos carecen de sustento legal.
Con una dirigencia definida sin competencia interna y en medio de cuestionamientos, el PRI en Puebla inicia una nueva etapa que, lejos de disipar las tensiones, exhibe los retos de credibilidad, renovación y cohesión que enfrenta el partido rumbo al proceso electoral de 2027.
