La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las acusaciones sobre nexos de candidaturas con grupos delictivos “no le constan a nadie” y afirmó que “sencillamente han estado en redes sociales”. Indicó que si existen pruebas, el Tribunal Electoral debería intervenir y aplicar las medidas correspondientes. Señaló que los casos representan un porcentaje “mínimo” del total.
Defensorxs, asociación civil enfocada en la defensa de los derechos humanos y la justicia, ha identificado perfiles considerados de alto riesgo entre quienes aspiran a integrarse al nuevo esquema judicial. Entre los señalados se encuentra Silvia Delgado, exabogada de Joaquín Guzmán Loera, y Fernando Escamilla, relacionado con el líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales.
La agrupación ha denunciado que estas personas no fueron bloqueadas durante los filtros legislativos, a pesar de contar con antecedentes que, a su juicio, comprometen la integridad del proceso. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, también ha expresado que algunos perfiles deben ser descartados por no cumplir con la probidad constitucional.
“Vamos a volver a presentar una denuncia en contra de trece candidatos altamente riesgosos”, dijo Miguel Meza, representante de Defensorxs, quien pidió que el proceso sea vigilado con rigor. “Le tomamos la palabra a la presidenta: si hay pruebas, el Tribunal debe actuar”, expresó.
El nuevo proceso de elección judicial, programado para el 1 de junio, contempla la renovación de 881 cargos en el sistema judicial federal. Se trata de una reforma impulsada por Morena, que busca combatir la corrupción, el nepotismo y promover la transparencia dentro del Poder Judicial.
No obstante, el avance de candidaturas con antecedentes cuestionables ha generado preocupación entre organizaciones civiles. Defensorxs también lanzó una campaña de recaudación de fondos para continuar con sus labores de monitoreo y documentación del proceso. “Cada peso cuenta. Tu apoyo nos permite seguir enfrentando la impunidad”, señala el llamado difundido en su sitio web.
La organización ha promovido litigios estratégicos en defensa del medio ambiente, los derechos laborales y en contra de la militarización de asuntos civiles. Hasta ahora, su trabajo se ha financiado sin recursos públicos ni privados. La asociación promueve una justicia independiente y con participación ciudadana efectiva.
